Más de 200 familias que viven en el barrio Las Quintas II, en Tafí Viejo, atraviesan un momento de profunda incertidumbre por la situación del fideicomiso que impulsó el desarrollo urbanístico y que hoy enfrenta una deuda millonaria que pone en riesgo la titularidad de las viviendas.
El emprendimiento nació en 2015 bajo la figura del fideicomiso Los Pocitos y contempla un total de 391 lotes. Con el paso de los años, muchas familias comenzaron a construir y a mudarse al lugar, confiando en que el proyecto avanzaría hasta permitir la escrituración de las propiedades. Sin embargo, el proceso quedó trabado y la situación financiera del fideicomiso encendió todas las alarmas.
Marcos Íñigo, vecino del barrio y representante de los residentes, explicó que más de 200 familias ya viven en el lugar y que todas ellas invirtieron sus ahorros con la expectativa de consolidar su hogar en ese espacio. “Compramos de buena fe. Muchas familias eligieron este lugar para vivir y para proyectar su vida”, señaló.
El conflicto se agravó cuando los vecinos tomaron conocimiento de irregularidades en la administración del fideicomiso. Según denunciaron, desde esa estructura se habrían emitido cheques por una suma superior a los 70 millones de pesos, varios de los cuales terminaron rechazados por falta de fondos. Esa situación generó demandas judiciales y pedidos de embargo que recaen sobre la propiedad general donde se asienta el barrio.
Los fiduciarios señalados en la administración del proyecto son el contador Gustavo Castillo, junto a Marcela Parra, Leticia Parra, Vicente Alonso Parra, Marcelo Mena y Juan Pablo Molina.
La preocupación central de los vecinos es que, si los acreedores avanzan judicialmente y obtienen un fallo favorable, podrían ejecutar el terreno a través de un remate. En ese escenario, las consecuencias serían dramáticas para quienes ya construyeron sus casas y viven allí desde hace años.
Los vecinos remarcan que las demandas no apuntan contra los bienes personales de los desarrolladores sino directamente contra el inmueble donde se levantó el barrio, lo que deja a cientos de familias expuestas a perder su vivienda.
Ante este panorama, la comisión de vecinos insiste en que la única salida para garantizar la seguridad jurídica es avanzar con la escrituración de los lotes. Para ellos, obtener la titularidad individual de cada propiedad permitiría disolver la figura del fideicomiso y proteger el patrimonio de quienes compraron en el emprendimiento.
Sin embargo, ese proceso está frenado porque todavía no se completaron todas las obras de infraestructura exigidas para la habilitación definitiva del barrio. Si bien se registraron avances en pavimento y cloacas, todavía falta la aprobación técnica para la conexión de agua potable y, posteriormente, el servicio de gas natural.
La situación se vuelve aún más urgente por un plazo legal que se acerca. El contrato del fideicomiso vence en diciembre de 2026. Si para esa fecha no se regulariza la situación ni se completan las obras necesarias para escriturar, el esquema jurídico que sostiene el proyecto dejaría de existir y la propiedad del terreno volvería a manos de la sucesión de la familia Parra.
Frente a ese escenario, los vecinos advierten que quedarían sin una estructura legal que garantice la finalización de las obras y el traspaso de los lotes a los propietarios.
En medio de la preocupación y la incertidumbre, los residentes sostienen que el conflicto también representa una ruptura de la confianza con los desarrolladores. Muchos de ellos apostaron todos sus ahorros para acceder a una vivienda y hoy temen que una disputa financiera termine poniendo en riesgo sus hogares.
Mientras tanto, las familias reclaman soluciones urgentes y avances concretos en las obras y en el proceso de escrituración para poder asegurar definitivamente la propiedad de las casas en las que ya viven.
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