El debate sobre los controles toxicológicos a funcionarios públicos volvió a instalarse en la agenda política de Tucumán tras la presentación de un proyecto legislativo que busca modificar el régimen vigente e introducir exámenes sin aviso previo para quienes ocupan cargos en el Estado.
La iniciativa fue impulsada por el legislador José Cano, quien planteó la necesidad de reformar la Ley 8.850, sancionada en 2016, al considerar que su aplicación ha sido escasa y con resultados poco visibles. El dirigente sostuvo en una entrevista con el diario La Gaceta que, pese a que la norma está vigente y reglamentada, “en la práctica fue una ley muy poco operativa”, ya que nunca se difundieron datos concretos sobre la realización de los testeos.
El proyecto apunta a ampliar el alcance de los controles, incorporando de manera obligatoria a funcionarios de los tres poderes del Estado, el Tribunal de Cuentas, organismos descentralizados, comunas rurales y el propio Poder Legislativo, incluso hasta el rango de prosecretario. Uno de los cambios centrales es que los análisis toxicológicos se realicen de forma sorpresiva, eliminando la notificación previa que actualmente se otorga con varios días de anticipación.
Según Cano, el objetivo de la propuesta no es punitivo sino preventivo. El legislador remarcó que una persona con consumo problemático debe ser considerada como alguien que necesita asistencia y que la finalidad es garantizar que quienes ocupan responsabilidades públicas puedan desempeñar sus funciones en condiciones adecuadas. En ese sentido, argumentó que la idoneidad exigida para el ejercicio de cargos públicos no sólo implica capacidad técnica, sino también condiciones éticas y psicológicas.
La iniciativa también contempla la inclusión del personal policial y penitenciario, sectores que, según el autor del proyecto, enfrentan altos niveles de exigencia y estrés laboral, por lo que considera necesario reforzar tanto los controles como los mecanismos de acompañamiento y tratamiento.
Además, Cano formalizó un pedido de informes para conocer cómo se aplicó la ley desde su sanción, con el fin de determinar la frecuencia de los exámenes y evaluar si la normativa actual logró cumplir con los objetivos de transparencia institucional.
Finalmente, el legislador expresó su expectativa de que el debate avance en la Legislatura provincial y reiteró que los distintos poderes del Estado deben asumir un rol ejemplificador frente a la sociedad, al sostener que el fortalecimiento institucional requiere herramientas de control efectivas y transparentes.
