El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, denunció este miércoles a la diputada nacional Soledad Molinuevo por presunto incumplimiento judicial, luego de que la dirigente no eliminara una serie de publicaciones en redes sociales que la Justicia consideró agraviantes contra el mandatario provincial.
La nueva presentación fue realizada por la abogada del titular del Poder Ejecutivo, Paula Morales Soria, ante el juez de la V Nominación en lo Civil y Comercial de la Capital, Pedro Cagna, quien interviene en la causa iniciada el pasado 13 de marzo.
El conflicto se originó a partir de una serie de posteos realizados por Molinuevo tras la agresión sufrida por el diputado Federico Pelli en la ciudad de La Madrid. Por ese hecho se encuentra detenido con prisión preventiva el empleado comunal Marcelo “Pichón” Segura, acusado de haber protagonizado el ataque.
En sus publicaciones, la legisladora había denunciado supuestas “prácticas mafiosas y oscuras de la vieja política”, y responsabilizó tanto a Jaldo como al ministro del Interior de Tucumán por cualquier eventual situación que pudiera afectarla a ella, a su familia o a su equipo político.
Ante esto, el juez Cagna dictó una medida autosatisfactiva en la que hizo lugar parcialmente al planteo del gobernador: ordenó la eliminación de los contenidos cuestionados, aunque no avanzó sobre el pedido de disculpas públicas.
Sin embargo, la diputada —representada por el abogado Ricardo José Tomás Paz— presentó un recurso solicitando la suspensión de la resolución. Ese planteo fue rechazado por el magistrado, quien no obstante concedió la apelación, por lo que el caso será revisado por una instancia superior.
En paralelo, Molinuevo acudió a la Justicia Federal de Tucumán para pedir la inhibitoria del fuero provincial, al sostener que la causa afecta prerrogativas propias de su condición de legisladora nacional y que se estaría frente a un intento de censura. También cuestionó la competencia del tribunal local en su contestación.
A pesar de estas acciones, según la presentación oficial, los posteos continúan activos. Por ese motivo, Morales Soria denunció un “incumplimiento grave, reiterado y deliberado” de la sentencia dictada el 15 de marzo.
En el escrito, la letrada sostuvo que “no existe absolutamente ningún margen jurídico que habilite el incumplimiento” y apuntó directamente contra la conducta de la diputada. “Estamos frente a una actitud extremadamente consciente, intencional y estratégicamente orientada a eludir una orden judicial”, afirmó.
Además, remarcó que Molinuevo es abogada, por lo que —según argumentó— tiene pleno conocimiento de que la apelación no suspende los efectos de este tipo de resoluciones y que la orden debía cumplirse de manera inmediata.
En ese marco, la defensa del gobernador solicitó que se intime a la diputada a cumplir de forma urgente con la eliminación de los contenidos, incluso con habilitación de días y horas inhábiles. También pidió la fijación de un plazo perentorio bajo apercibimiento de ley.
Entre los puntos más relevantes del petitorio, se incluyó la aplicación de sanciones conminatorias diarias (astreintes) en caso de persistir el incumplimiento, así como la remisión de antecedentes al Ministerio Público Fiscal para evaluar la posible comisión del delito de desobediencia judicial.
El planteo suma un nuevo capítulo a la disputa judicial y política entre el oficialismo provincial y referentes de La Libertad Avanza en Tucumán, en un contexto de alta tensión tras el episodio de violencia ocurrido en La Madrid y sus derivaciones en el plano institucional.
