La Justicia Federal de Tucumán rechazó el planteo de inhibitoria que había formulado la diputada nacional Soledad Molinuevo (LLA) para que sea ese fuero, y no el provincial, quien intervenga en la demanda iniciada por el gobernador Osvaldo Jaldo por una serie de publicaciones consideradas agraviantes.
El juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez coincidió con el dictamen del fiscal Agustín Chit y resolvió no hacer lugar al pedido. El magistrado argumentó que la cuestión ya había sido planteada previamente en el expediente que tramita en la Sala V del fuero Civil y Comercial de la Justicia provincial, a cargo de Pedro Cagna. “Si se ha intentado esa vía precedentemente, no puede la parte duplicar su pedido”, sostuvo en la resolución, que además ordenó el archivo de las actuaciones.
De esta manera, se cierra una de las estrategias judiciales impulsadas por la legisladora para trasladar la causa al ámbito federal. En su presentación, Molinuevo había cuestionado la competencia de la Justicia provincial, planteando posibles afectaciones a las inmunidades parlamentarias y advirtiendo sobre un supuesto intento de “censura previa”.
“El uso de la estructura judicial local para perseguir el discurso político de un diputado nacional busca generar un efecto silenciador”, había expresado en el escrito patrocinado por el abogado Ricardo José Tomás Paz.
El conflicto judicial se originó tras la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli en La Madrid el pasado 11 de marzo. Luego de ese episodio, Molinuevo publicó una serie de mensajes en redes sociales que fueron considerados agraviantes por el gobernador.
A partir de esa situación, Jaldo inició una demanda mediante la abogada Paula Morales Soria, en la que rechazó las acusaciones de “prácticas mafiosas” y cuestionó que la diputada lo responsabilizara por su seguridad y la de su entorno.
En ese marco, el juez Cagna dictó una medida autosatisfactiva que ordenó la eliminación de los posteos. Si bien Molinuevo apeló la decisión, finalmente accedió a retirar las publicaciones, aunque dejó constancia de su disconformidad.
En paralelo, la diputada continuó con sus cuestionamientos al Poder Judicial tucumano y reiteró su intención de que el caso sea tratado en la órbita federal. A través de redes sociales, insistió en la necesidad de una Justicia “imparcial” y cuestionó la supuesta influencia del Poder Ejecutivo en los tribunales locales.
“Desde LLA vamos a pelear por la Justicia que todos los tucumanos merecemos”, afirmó la legisladora, al tiempo que llamó a los jueces a actuar con “ética y responsabilidad” en el ejercicio de sus funciones.
