El Gobierno de Tucumán dispuso el otorgamiento de un subsidio de $120 millones a la Asociación Civil Pequeña Obra de la Divina Providencia – Pequeño Cottolengo Don Orione, con el objetivo de garantizar el pago de los sueldos del personal que presta servicios en la institución. La medida fue formalizada a través del Decreto N° 649/14 (MGyJ), firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo el pasado 31 de marzo y publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Según detalla la normativa, el aporte responde a un pedido realizado por la entidad, ubicada en avenida República del Líbano al 2100, en San Miguel de Tucumán. Los fondos estarán destinados específicamente a cubrir salarios del personal que asiste a residentes con distintas necesidades, en un contexto de creciente dificultad para sostener el funcionamiento diario.
El decreto remarca el rol social que cumple el Cottolengo Don Orione, donde se brinda alimentación, atención médica, terapias y contención integral a personas que, en muchos casos, no cuentan con redes familiares que puedan acompañarlas. En ese sentido, el Ejecutivo provincial consideró “procedente” otorgar la ayuda económica, en función de las posibilidades financieras del Estado, para asegurar la continuidad de las prestaciones.
Antes de su aprobación, la solicitud fue evaluada por la Dirección General de Presupuesto de la Provincia y la Asesoría Letrada del Ministerio de Gobierno y Justicia, organismos que intervinieron en el proceso administrativo.
El subsidio será transferido con carga de rendición de cuentas y se financiará con recursos del Tesoro General de la Provincia, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
La asistencia se da en un contexto complejo para instituciones que trabajan con personas con discapacidad, muchas de las cuales atraviesan dificultades presupuestarias vinculadas a demoras o interrupciones en el envío de fondos nacionales. Esta situación llevó a distintas organizaciones a solicitar apoyo estatal para sostener sus servicios.
En Tucumán, el Cottolengo Don Orione alberga a unas 90 personas. A nivel nacional, la institución asiste a cerca de 1.200, cifra que asciende a aproximadamente 1.500 si se incluyen las obras vinculadas en Uruguay y Paraguay, todas dependientes de un sistema de financiamiento que actualmente presenta serias limitaciones.
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