Tucumán fue una de las 18 provincias donde se realizaron allanamientos simultáneos en el marco de una investigación internacional por explotación sexual infantil con fines de distribución. El operativo, que se extendió a 16 países, dejó un saldo de alrededor de 80 personas detenidas, 26 de ellas en Argentina.
El procedimiento, denominado “Aliados por la Infancia VI”, fue coordinado entre la embajada de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad estadounidense y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, con la intervención de la fiscal especializada en cibercrimen, Daniela Dupuy.
Según se informó, la investigación se inició a partir de datos aportados por autoridades norteamericanas sobre una organización dedicada a la distribución de material de abuso sexual infantil. A partir de esa información, se detectó que en Argentina operaba un grupo que compartía filmaciones de abusos en las que menores eran víctimas.
Estas causas suelen ser altamente complejas y pueden llevar meses o incluso años. El material circula en la dark web, lo que dificulta su rastreo. Los investigadores logran identificar a los sospechosos mediante el análisis de direcciones IP, aunque advirtieron que en algunos casos se utilizan datos de terceros para encubrir las maniobras.
En el país, se realizaron allanamientos en múltiples jurisdicciones: Ciudad de Buenos Aires (15), Santa Cruz (11), Buenos Aires (8), Córdoba, Jujuy y Misiones (4), Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Chubut (3), Catamarca y Salta (2), y Tucumán, San Luis, Santiago del Estero, Formosa, Neuquén y otras provincias (1). En total, 26 personas fueron detenidas en Argentina.
En el caso de Tucumán, la fiscal Dupuy trabajó de manera coordinada con autoridades judiciales locales. Durante el procedimiento, se secuestraron computadoras, celulares y dispositivos de almacenamiento, que ahora serán sometidos a peritajes. No se ordenaron detenciones en la provincia, aunque la investigación sigue en curso.
Fuentes judiciales explicaron que en este tipo de delitos no solo se persigue a quienes distribuyen el material, sino también a quienes lo adquieren. Además, indicaron que los sospechosos suelen permanecer en libertad hasta que se determine su grado de participación.
Uno de los datos más llamativos del operativo fue un allanamiento realizado en el penal de Olmos, donde se incautaron ocho celulares dentro de una celda ocupada por un acusado de abuso.
En paralelo, el caso generó repercusiones políticas en Santa Cruz. Allí, fue allanado el domicilio de Ivana Álvarez, directora de un Centro Integrador Comunitario, quien fue apartada de su cargo tras quedar bajo investigación.
La causa continúa avanzando con el análisis del material secuestrado, en un expediente que involucra a múltiples países y que expone la dimensión global de este tipo de delitos.
