El Tribunal de Cuentas de Tucumán resolvió formular un cargo fiscal por $14.363.757,53 contra la comisionada comunal de El Naranjo y El Sunchal, Amanda Petrona Grau, y el secretario habilitado Néstor Roque Figueroa, al considerarlos patrimonialmente responsables por irregularidades detectadas en la rendición de fondos correspondientes al ejercicio 2023.
La decisión quedó plasmada en el Acuerdo N° 1356, con fecha del 30 de abril de 2026, mediante el cual el organismo de control dispuso la clausura del juicio de cuentas que se encontraba en trámite y avanzó con la imputación económica contra ambos funcionarios, estableciendo además que la suma deberá actualizarse hasta el momento de su efectivo pago.
El caso se originó a partir de la falta de regularización del Comprobante de Observación N° 1984, correspondiente al cuarto bimestre de 2023. En una primera instancia, las inconsistencias detectadas ascendían a $8,7 millones. Sin embargo, tras el análisis integral del expediente y la actualización técnica realizada por la Contaduría Fiscal General, el monto fue recalculado y elevado a más de $14,3 millones.
De acuerdo a lo detallado en la resolución, durante la instrucción del proceso tanto Grau como Figueroa fueron debidamente notificados de las observaciones en su contra y contaron con instancias para ejercer su derecho a defensa. No obstante, el Tribunal dejó constancia de que los imputados no presentaron elementos probatorios que permitieran revertir o justificar las irregularidades señaladas.
En ese marco, el organismo consideró acreditada la responsabilidad patrimonial de ambos funcionarios y resolvió formular el cargo fiscal en forma solidaria, lo que implica que los dos deberán responder por la totalidad del monto establecido.
Durante el análisis técnico, el Tribunal también evaluó distintos puntos observados en la rendición. Entre ellos, decidió dejar sin efecto parte de los cuestionamientos vinculados a la falta de conformidad en recibos de haberes, al entender que esa obligación recae sobre los agentes que perciben los salarios y no sobre las autoridades comunales. Si bien esa interpretación redujo parcialmente el monto inicialmente objetado, no alteró la conclusión final del proceso ni la determinación de responsabilidades.
Como parte de la resolución, el Tribunal dispuso además la intervención del área judicial para avanzar en el recupero de los fondos. En ese sentido, se dio participación al Departamento Judicial para que, a través de la abogada fiscal interviniente, se proceda a percibir el monto adeudado o, en su defecto, iniciar las acciones legales correspondientes para su ejecución.
El fallo fue firmado por el presidente del organismo, Miguel Chaiben Terraf, y el vocal Marcelo Vidal, mientras que el también vocal Sergio Díaz Ricci no participó por encontrarse de licencia.
