La Asociación Bancaria presentó una denuncia formal contra el Estado argentino ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por una intervención policial ocurrida en Tucumán durante una asamblea gremial.
La presentación, respaldada por la CGT y distintas organizaciones sindicales internacionales, cuestiona el accionar de efectivos de la Policía de Tucumán y sostiene que se vulneraron derechos protegidos por los Convenios 87, 98 y 135 de la OIT, vinculados con la libertad sindical y la protección de los representantes de los trabajadores.
El episodio denunciado ocurrió el 5 de diciembre de 2025, cuando representantes de la Seccional Tucumán de La Bancaria realizaban una asamblea dentro de la sucursal Concepción del Banco Patagonia. La medida se había originado por el despido de un trabajador y denuncias de supuesto hostigamiento laboral.
Según la presentación realizada en Ginebra, la actividad se desarrolló de manera pacífica. Sin embargo, efectivos de la División Infantería se hicieron presentes en el lugar a partir de un requerimiento de la entidad bancaria.
La denuncia sostiene que la intervención se produjo cuando los trabajadores ya se retiraban del establecimiento, una vez finalizada la actividad gremial.
La denuncia contra la Policía de Tucumán
El documento presentado ante la OIT describe un operativo en el que, según el gremio, los agentes actuaron con los rostros cubiertos y sin identificación individual visible.
La Bancaria afirma que durante el procedimiento se utilizaron escopetas calibre 12/70 y se efectuaron disparos, además de guantes tácticos con refuerzos rígidos en los nudillos, cuyo uso para tareas de contención ciudadana es cuestionado por el sindicato.
Como consecuencia del operativo, dirigentes gremiales resultaron lesionados y detenidos. La organización sostiene además que los trabajadores fueron sometidos a tratos que calificó como vejatorios.
El gremio considera que el accionar policial afectó directamente el ejercicio de la actividad sindical y constituye una violación de las garantías establecidas por los convenios internacionales suscriptos por Argentina.
Críticas a la investigación judicial
La presentación también cuestiona el desarrollo posterior de la investigación y denuncia un supuesto encubrimiento y persecución contra los trabajadores.
Según La Bancaria, las armas utilizadas durante el operativo fueron secuestradas de manera tardía y tanto su custodia como las pericias quedaron inicialmente en manos de la propia fuerza de seguridad involucrada en los hechos.
El sindicato también cuestionó que la investigación por la presunta violencia institucional haya quedado radicada en una fiscalía especializada en usurpaciones y cibercriminalidad, en lugar de un organismo especializado en delitos vinculados con violencia institucional.
A su vez, dos de los trabajadores reprimidos fueron imputados por “atentado y resistencia a la autoridad”. Para la organización sindical, esa imputación constituye un mecanismo de criminalización destinado a desalentar futuras medidas gremiales.
En paralelo, en el expediente en el que Banco Patagonia figura como damnificado, se asignaron recursos de la Unidad Fiscal de Homicidios y Graves Atentados contra las Personas.
Otro de los cuestionamientos planteados ante la OIT está relacionado con la decisión de la Justicia tucumana de rechazar en reiteradas oportunidades el pedido de La Bancaria para constituirse como querellante. Según el sindicato, esa situación le impidió controlar la producción de prueba y participar de las pericias balísticas.
Qué pidió La Bancaria a la OIT
A través de la presentación, el sindicato solicitó a la Organización Internacional del Trabajo que otorgue un tratamiento urgente al caso y formule recomendaciones al Estado argentino.
Entre los pedidos se encuentran el cese de la persecución penal contra los trabajadores, una investigación imparcial de los hechos, el acceso de la organización sindical a la Justicia y la implementación de protocolos que impidan el uso de armas durante asambleas gremiales pacíficas.
La denuncia lleva las firmas de Sergio Omar Palazzo, secretario general nacional de la Asociación Bancaria; Carlos Aníbal Cisneros, secretario nacional de Administración; Marcelo Di Stefano, de la CSA-TUCA; Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT; Guillermo Maffeo, de UNI Américas; Angelo Di Cristo, de UNI Global Union; y Marcio Monzane, secretario regional de UNI Américas.
De esta manera, el conflicto ocurrido en diciembre en Concepción trascendió el ámbito de la Justicia tucumana y llegó a un organismo internacional, donde La Bancaria busca que se analice el accionar estatal desde la perspectiva de la libertad y los derechos sindicales.
