El juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno nacional a que, en un plazo de cinco días, cumpla de manera efectiva con la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. En su resolución, el magistrado señaló que no existe un cumplimiento total de una medida que ya se encuentra firme y advirtió que, si persiste el incumplimiento, podrá establecer astreintes, es decir, multas por cada día de demora. La decisión era reclamada desde hace semanas por las universidades nacionales y los gremios del sector.
La medida judicial alcanza las disposiciones de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculadas con la recomposición de los salarios del personal docente y no docente y con el esquema de becas para estudiantes. La norma fue sancionada en agosto de 2025 y tiene como objetivo garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública y establecer mecanismos de recomposición salarial.
Según las estimaciones difundidas por universidades nacionales y organizaciones gremiales, los salarios del sector acumulan un atraso del 31,2% respecto de la recomposición que reclaman. En la última negociación paritaria, el Ejecutivo ofreció un incremento del 3%, una propuesta que fue cuestionada por los sindicatos y que derivó en la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, además de medidas de fuerza en reclamo de la aplicación de la ley.
El fallo de Cormick se conoció este martes por la tarde y responde a los planteos realizados por las universidades y los gremios para que se hiciera efectivo el cumplimiento de la cautelar. El magistrado ya había dictado una primera medida en diciembre de 2025, que posteriormente recibió el aval de la Cámara de Apelaciones en marzo de 2026 y quedó firme luego de que la Corte Suprema se pronunciara el 25 de junio.
Ahora, con la nueva intimación, el Gobierno deberá acreditar ante la Justicia el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la medida cautelar dentro del plazo fijado. De no hacerlo, el juez dejó expresamente abierta la posibilidad de imponer sanciones económicas diarias hasta lograr su cumplimiento.
