El Tribunal de Cuentas de Tucumán resolvió desestimar la denuncia presentada contra la delegada comunal de Las Cejas, Cristina Mabel Contreras, y su esposo, el excomisionado comunal Hugo Alfredo Lazarte, por la presunta utilización de fondos públicos para construir una vivienda particular en El Cadillal. La decisión quedó formalizada mediante el Acuerdo N.º 3903, del 9 de octubre de 2026, en el expediente iniciado a partir de una presentación del exsecretario de Transporte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero.
El organismo de control determinó que, si bien se comprobó la autenticidad de seis facturas emitidas a nombre de la comuna rural de Las Cejas por compras de materiales, no se encontraron registros contables ni bancarios que permitieran demostrar que esas operaciones fueron abonadas con dinero público. Los comprobantes, correspondientes a agosto y septiembre de 2024, sumaban inicialmente $1.100.687,27 y habían sido emitidos por distintos proveedores, entre ellos EMI, Bulonería Martínez, Tincani Bruno y Pinturería Roca.
Durante la investigación administrativa, los auditores visitaron los comercios y verificaron que las facturas eran auténticas. Sin embargo, al revisar las rendiciones correspondientes al cuarto y quinto bimestre de 2024, constataron que los comprobantes no habían sido incorporados a la contabilidad oficial de la comuna. Tampoco identificaron movimientos en las cuentas de Coparticipación o Rentas Generales que permitieran vincular las compras con pagos realizados por la administración local.
Uno de los puntos examinados fue una factura de EMI SRL por aproximadamente $525.000, abonada mediante un cheque cuya numeración no coincidía con la utilizada por la comuna durante el período investigado. Sobre ese aspecto, el acuerdo señaló que no existían pruebas documentales, bancarias ni contables que relacionaran el pago con recursos públicos. Los demás comprobantes correspondían a operaciones registradas como pagadas en efectivo, sin que se detectaran erogaciones comunales asociadas.
La defensa de la delegada comunal
Durante el procedimiento, Contreras negó que las compras cuestionadas se hubieran realizado con recursos de la administración local. En uno de sus descargos, sostuvo que los gastos no habían sido efectuados por la comuna y que, por ese motivo, no serían incluidos en ninguna rendición oficial.
En una primera etapa, los auditores habían solicitado documentación respaldatoria, libros contables y extractos bancarios correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 2024. Ante la falta de respuesta a los requerimientos iniciales, el Tribunal de Cuentas dictó el Acuerdo N.º 4339, el 2 de octubre de 2025, mediante el cual intimó a las autoridades comunales a presentar los registros dentro de un plazo de cinco días.
Posteriormente, Contreras aportó copias de los libros contables, extractos bancarios de las dos cuentas operativas de la comuna y documentación vinculada con la designación de la secretaria habilitada. El análisis de esos registros permitió a los auditores concluir que las facturas denunciadas no figuraban en las rendiciones oficiales y que no se habían identificado pagos vinculados con los comprobantes investigados.
La denuncia y las repercusiones políticas
El caso tomó estado público en agosto de 2025, cuando Enrique Romero denunció que la delegada comunal y miembros de su familia presuntamente utilizaban recursos estatales para financiar la construcción de una vivienda en El Cadillal. Según explicó entonces, la presentación se sustentaba en facturas, remitos, tickets y comunicaciones aportadas por un trabajador que había participado en la obra.
La denuncia también incluyó cuestionamientos sobre el patrimonio familiar y otros presuntos hechos irregulares relacionados con la administración comunal. Las acusaciones generaron repercusiones políticas y motivaron declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo, quien sostuvo que Contreras debía ponerse a disposición de la Justicia y brindar las explicaciones correspondientes. El legislador Alfredo Toscano, por su parte, solicitó que el Poder Ejecutivo impulsara una investigación administrativa sobre la situación de Las Cejas.
Contreras rechazó públicamente las acusaciones y las atribuyó a una operación política en su contra. La resolución del Tribunal de Cuentas no establece si existieron o no delitos, sino que se limita a evaluar si hay elementos suficientes para iniciar procedimientos administrativos por un eventual perjuicio a las arcas públicas.
La vía penal sigue abierta
En su resolución, el Tribunal consideró que no se acreditó un daño patrimonial al Estado, condición necesaria para avanzar con una Comprobación Sumaria o un Juicio de Responsabilidad en el ámbito de su competencia. Por ese motivo, resolvió desestimar la denuncia por falta de elementos fácticos y jurídicos suficientes para iniciar esos procedimientos.
No obstante, el acuerdo aclaró expresamente que la decisión no impide continuar con una investigación penal. En su segundo artículo, el organismo dejó constancia de que el denunciante conserva la posibilidad de acudir al Ministerio Público Fiscal si considera que existen elementos para atribuir delitos comunes a las personas denunciadas.
La resolución fue firmada por Sergio Miguel Díaz Ricci, Miguel Chaiben Terraf y Marcelo Vidal, integrantes del Tribunal de Cuentas de Tucumán. La decisión cierra la intervención administrativa en este expediente, pero no constituye una sentencia judicial sobre la eventual comisión de delitos ni afecta otras causas que puedan involucrar a Contreras, entre ellas el proceso por presuntas irregularidades en la retención de haberes de empleados comunales.
