Dos hombres, de 34 y 37 años, fueron imputados por usura agravada por la habitualidad y extorsión, en el marco de una investigación por presuntas amenazas contra una familia de San Miguel de Tucumán. La causa busca esclarecer un supuesto esquema de préstamos informales con intereses desproporcionados y posteriores intimidaciones para exigir el pago de una deuda. Tras una audiencia realizada el miércoles, la Justicia dispuso 45 días de prisión preventiva para el principal acusado y arresto domiciliario para el segundo, señalado como partícipe secundario en uno de los hechos investigados.
La audiencia se desarrolló ante la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo del fiscal Diego Hevia. La auxiliar de fiscal Lucía Ruiz presentó los argumentos de la acusación y solicitó que ambos imputados permanecieran privados de la libertad mientras avanza la investigación. Sin embargo, el juez resolvió aplicar una medida menos gravosa para el hombre señalado como chofer de una aplicación de viajes, quien deberá cumplir arresto domiciliario.
Un préstamo de $6 millones y pagos por $16 millones
Según la hipótesis fiscal, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el principal imputado habría otorgado, junto con otras dos personas, un préstamo informal de $6 millones a una pareja que necesitaba el dinero para sostener un negocio familiar. La investigación sostiene que las condiciones del acuerdo incluían intereses desproporcionados y que, con el paso del tiempo, la exigencia de pagos derivó en un escenario de presiones y amenazas.
De acuerdo con la acusación, los involucrados habrían comenzado a comunicarse con las víctimas mediante llamadas y mensajes intimidatorios para reclamar el dinero. En ese contexto, la pareja habría entregado alrededor de $16 millones, a través de pagos en efectivo y transferencias bancarias. La suma denunciada supera ampliamente el capital inicial del préstamo.
Además del dinero, los acusados presuntamente habrían exigido otros bienes como parte de los pagos. Entre ellos, una motocicleta, cuya transferencia les habrían reclamado formalizar mediante un formulario 08, y un teléfono celular iPhone 14 Pro. La Fiscalía busca determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en las maniobras denunciadas y establecer cómo se desarrolló el supuesto mecanismo de cobro.
Amenazas con un arma de fuego
Uno de los episodios centrales de la investigación ocurrió el lunes 12 de octubre, cerca de las 22.55, en una vivienda ubicada en calle Buenos Aires al 2000, en San Miguel de Tucumán. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el principal imputado se habría presentado en el domicilio junto a otro hombre. En el lugar se encontraban una de las víctimas, su hijo menor de edad y un empleado.
Posteriormente, habría llegado un hombre que trabajaba como chofer de una aplicación de viajes, a bordo de un Chevrolet Prisma blanco y acompañado por otro de los presuntos involucrados. La acusación sostiene que, durante el episodio, los sospechosos habrían recurrido a la violencia física y a las amenazas con un arma de fuego para exigir nuevos pagos vinculados con el préstamo.
Para la representante del Ministerio Público Fiscal, el hecho se inscribe en un contexto de intimidaciones que habría comenzado con los reclamos por la deuda y que se habría intensificado con el objetivo de obtener más dinero de la familia. La investigación procura establecer las circunstancias de ese episodio y la intervención concreta que habría tenido cada uno de los acusados.
Los argumentos de la Fiscalía y las medidas judiciales
Durante la audiencia, Ruiz sostuvo que habría existido un esquema de cobro extorsivo en el que algunos de los involucrados se encargaban de amenazar directamente a la familia, mientras que otro habría aportado el vehículo utilizado para trasladarse hasta el domicilio de las víctimas.
La auxiliar fiscal también señaló que el hombre de 34 años cuenta con otra causa en trámite en el sistema conclusional, cuyo debate está previsto para abril de 2027. Ese antecedente fue mencionado durante la exposición de la Fiscalía al fundamentar su pedido de medidas cautelares.
Finalmente, el juez dispuso 45 días de prisión preventiva para el principal acusado y arresto domiciliario para el segundo imputado, pese a que la Fiscalía había solicitado la prisión preventiva para ambos. Las medidas buscan asegurar el avance del proceso mientras se profundiza la investigación.
La causa continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II. En esta etapa, el Ministerio Público deberá avanzar en la recolección de pruebas y en la determinación de las responsabilidades individuales por los hechos denunciados. Los episodios forman parte de una investigación judicial y las imputaciones no implican, por sí solas, una declaración de culpabilidad.
