El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó un proyecto de ordenanza para elaborar y ejecutar un Plan Integral de Reordenamiento Vial y Urbano del Camino del Perú, uno de los principales corredores de conexión entre la capital y el oeste del área metropolitana. La iniciativa contempla mejoras en la señalización, la iluminación y la infraestructura, además de la posibilidad de incorporar un carril exclusivo o preferencial para motocicletas.
El proyecto fue impulsado por los concejales Facundo Vargas Aignasse, Ernesto Nagle, Federico Romano Norri, Juan Carlos Ale y Emiliano Vargas Aignasse. El plan abarcará el tramo comprendido entre la avenida Belgrano y el límite norte de la jurisdicción capitalina. Entre las medidas previstas figuran la redistribución de calzadas y carriles, el reordenamiento de semáforos, la incorporación de elementos de seguridad vial y la evaluación de posibles ensanches donde las condiciones técnicas y dominiales lo permitan.
Un carril para motos y posibles ampliaciones
Al defender la propuesta, Vargas Aignasse señaló que el crecimiento urbano superó la capacidad de la infraestructura existente y advirtió sobre los riesgos que genera la convivencia de automóviles, camiones y motocicletas en el mismo corredor. “Proponemos reordenar la circulación de la zona y básicamente proponemos la creación de un carril exclusivo para motocicletas, o preferencial para motocicletas, y mejorar la señalización, como así también la iluminación”, explicó.
La ordenanza establece que el Ejecutivo municipal deberá realizar un estudio de factibilidad técnica para determinar cómo podría implementarse ese carril, de manera continua o segmentada. También prevé evaluar ampliaciones de la calzada y la incorporación de nuevos carriles, dársenas, bicisendas, espacios peatonales, separadores físicos y áreas verdes. Sin embargo, todavía no se definieron los sectores que podrían ser intervenidos ni las dimensiones de las obras.
Las dudas por la jurisdicción de la ruta
Durante el debate, el concejal radical Gustavo Cobos planteó objeciones sobre las competencias legales y administrativas para intervenir en el Camino del Perú y solicitó abstenerse de votar. Aunque coincidió con el diagnóstico sobre los problemas de tránsito, advirtió que el tramo al norte de avenida Belgrano es identificado por la Dirección Provincial de Vialidad como parte de la Ruta Provincial 315.
Cobos también mencionó un estudio de factibilidad elaborado por Vialidad Provincial en 2016, que habría quedado sujeto a financiamiento, y la Ley Provincial 8.915, vinculada con la transformación del corredor en autovía. “El problema es la competencia”, resumió, al cuestionar qué organismo debería hacerse cargo de las obras de señalización, iluminación y reorganización del tránsito.
Acuerdos con la Provincia y Yerba Buena
Para abordar las dificultades jurisdiccionales, la ordenanza autoriza al Municipio a celebrar convenios de cooperación con la Municipalidad de Yerba Buena, la Comuna de Cevil Redondo, el Gobierno provincial y otros organismos competentes. También contempla la participación de universidades, colegios profesionales y entidades vinculadas con la movilidad y la seguridad vial.
El concejal oficialista José María Franco defendió la necesidad de avanzar con la planificación, al señalar que el corredor también es un acceso importante para vecinos de San Miguel de Tucumán, especialmente de los barrios Congreso y Oeste II. “Primero tenés que elaborar un plan y después tenés que llevarlo a la ejecución”, sostuvo.
El Municipio tendrá 120 días para presentar un informe
Uno de los puntos centrales de la norma fija un plazo para avanzar con la planificación. El Departamento Ejecutivo deberá remitir al Concejo Deliberante, dentro de los 120 días posteriores a la promulgación, un informe técnico preliminar con un diagnóstico de la situación vial, una propuesta de intervención, las etapas de ejecución y una estimación presupuestaria.
La aprobación representa un primer paso para ordenar el tránsito y proyectar mejoras en el Camino del Perú. No obstante, aún quedan por definir los costos, las fuentes de financiamiento, la distribución de responsabilidades entre las jurisdicciones y los plazos para la eventual ejecución de las obras.
