Celeste Agüero, de 33 años, deberá permanecer cuatro meses bajo prisión preventiva luego de haber sido acusada por una serie de incidentes protagonizados en distintas dependencias públicas de San Miguel de Tucumán. La mujer, conocida en el microcentro por reiterados episodios de violencia verbal y física, fue imputada por perturbaciones del normal funcionamiento de los servicios de justicia y de salud pública, exhibiciones obscenas, insultos y amenazas. Sin embargo, detrás de la decisión judicial aparece una preocupación que excede el proceso penal: qué respuesta recibirá cuando vuelva a estar en libertad.
Según la investigación, el 9 y el 17 de octubre Agüero se presentó en los Tribunales de barrio Sur y provocó incidentes en el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la Segunda Nominación. Allí se tramita un expediente en el que debe definirse su capacidad jurídica. En ambas oportunidades, la situación pudo ser controlada cuando efectivos policiales intervinieron y consiguieron que se retirara del edificio.
Otro episodio ocurrió el 7 de octubre, cuando fue demorada por personal de Distritos Urbanos mientras caminaba por la zona de Tribunales exhibiendo sus senos en la vía pública. De acuerdo con las actuaciones, cuando los uniformados le solicitaron que se cubriera, reaccionó con insultos y amenazas de muerte. Posteriormente, habría arrojado piedras contra los efectivos, por lo que terminó aprehendida.
Los incidentes en la Asistencia Pública
La acusación también comprende tres episodios registrados el 20, 21 y 26 de agosto en el sector de admisión de la Asistencia Pública. Según la Fiscalía, Agüero se presentó en el establecimiento gritando, insultando y amenazando al personal administrativo, médicos, pacientes y guardias de seguridad. En una de esas oportunidades habría expresado: “Los voy a matar a todos si no me atienden”.

Para los investigadores, estos comportamientos generaron un clima de temor entre quienes trabajaban o concurrían al centro de salud y afectaron el normal funcionamiento del servicio. El fiscal Mariano Fernández resolvió acumular las causas y avanzar con la formulación de cargos por los distintos hechos.
Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Elías Acuña sostuvo que existía un riesgo sistemático para la administración pública, el servicio de justicia y las fuerzas de seguridad. También señaló que las denuncias no provenían únicamente de efectivos policiales, sino que incluían presentaciones de la directora de la Asistencia Pública y de la Secretaría de Superintendencia de la Corte.
“La última evidencia que tenemos en relación a la acusada es el informe de una Junta Médica que determinó que tiene un trastorno de personalidad, pero eso no incide en su capacidad psiquiátrica y mucho menos en sus actos”, afirmó Acuña. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró necesario garantizarle el tratamiento psicológico y psiquiátrico que requiera, aunque sostuvo que debía permanecer bajo prisión preventiva.
La jueza Isolina Apáz Pérez de Nucci hizo lugar al planteo de la Fiscalía y ordenó que, antes de su traslado al Servicio Penitenciario, Agüero fuera examinada por profesionales del Cuerpo Médico Forense y luego derivada al Hospital del Carmen. Los especialistas debían determinar qué tratamiento necesita y cuáles son las condiciones adecuadas para su alojamiento. Según fuentes judiciales, actualmente se encuentra alojada en el penal de Delfín Gallo, que cuenta con un sector destinado a mujeres trans.
Una historia marcada por la vulnerabilidad y los problemas de salud
Agüero es oriunda de un barrio de la zona sur de la capital tucumana. De acuerdo con los antecedentes mencionados por profesionales que la asistieron, habría sido expulsada de su hogar después de asumir públicamente su identidad de género. Desde entonces, atravesó largos períodos en situación de calle y sufrió graves problemas de adicción. Incluso, según se expuso durante la audiencia, llegó a dormir en un cajero automático de la zona de Tribunales.
Su situación ya había llegado a la Justicia años atrás. En octubre de 2021 protagonizó un episodio que tuvo repercusión pública cuando atacó con un cuchillo a una trabajadora gastronómica en un local ubicado en 25 de Mayo al 300. La víctima sufrió una herida en la espalda. La fiscala María del Carmen Reuter llevó adelante la investigación y solicitó una condena de seis años de prisión por lesiones graves y tres hechos de daños.
Durante ese proceso, la defensa intentó que fuera declarada inimputable debido a sus problemas de salud mental, pero el planteo no prosperó. En 2022, el juez Facundo Maggio la condenó a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional. Además, dispuso que profesionales especializados evaluaran su situación, establecieran un diagnóstico y garantizaran un tratamiento adecuado, incluida la administración de los medicamentos que fueran indicados.
Cuatro años después, el escenario vuelve a poner en discusión la respuesta institucional frente a su situación. Según indicó el fiscal Fernández, Agüero habría protagonizado al menos otros siete episodios durante el año que no llegaron a ser judicializados, además de los seis hechos por los que fue imputada en esta oportunidad. “Tenemos que preservar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad. Pero somos perfectamente conscientes de que otros estamentos del Estado deben intervenir”, sostuvo.
El interrogante sobre qué sucederá cuando recupere la libertad
El abogado Carlos Garmendia, quien conoce parte de su historia porque la Fundación María de los Ángeles le brindó asistencia en el pasado, consideró que la privación de la libertad era la única alternativa para resguardar a terceros y a la propia mujer. Sin embargo, también cuestionó que las respuestas anteriores no hayan logrado modificar su situación.
Desde otra perspectiva, Cinthya, una mujer trans que compartió durante años con Agüero la experiencia de ejercer la prostitución, manifestó su preocupación por el presente de la joven. “Me da mucha lástima lo que le está pasando. Ella está mal desde hace años. No necesita estar encerrada en un calabozo, lo que requiere es un tratamiento urgente para rehabilitarse”, expresó.
Cinthya también advirtió sobre las dificultades para conseguir una internación por fuera del ámbito penal, debido a que Agüero no tendría contacto con sus familiares que puedan iniciar ese procedimiento. En ese contexto, planteó la necesidad de una intervención judicial y sanitaria que garantice una atención sostenida.
La prisión preventiva por cuatro meses abre un nuevo capítulo en una historia atravesada por la vulnerabilidad, los conflictos con distintas instituciones y los problemas de salud. Mientras la Justicia avanza con la causa, queda pendiente una pregunta central: qué organismos del Estado intervendrán para garantizar que reciba la atención que necesita y evitar que, una vez que salga de prisión, los episodios vuelvan a repetirse.


