El Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes alcanzaron un acuerdo que establece un aumento de fondos para las universidades públicas y una recomposición salarial para el personal del sistema.
El pacto se concretó tras semanas de negociaciones y en medio de la presión por una presentación ante la Corte Suprema, en la que se reclamaba el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según el documento firmado, el Poder Ejecutivo transferirá a las universidades los recursos necesarios para garantizar un incremento de la masa salarial del 24,33%.
La suba se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026 y un 3% en octubre calculado sobre los salarios de septiembre. Desde el Gobierno señalaron que la propuesta contempla la recomposición por el desfasaje de 2025, incorpora la inflación acumulada hasta mayo de 2026 y suma un 7% adicional a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo correspondiente a 2024.
Paritarias y seguimiento
Las partes acordaron convocar a paritarias docentes y no docentes el 10 de junio a las 14 en la sede de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, con el objetivo de continuar la recomposición salarial. Tras ese encuentro, la negociación pasará a un cuarto intermedio de hasta tres meses, período en el que se evaluará la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según el INDEC.
Además, se estableció que las paritarias del sector tendrán una periodicidad máxima de tres meses, atendiendo a uno de los reclamos históricos de los sindicatos universitarios.
Más fondos y becas
El acuerdo también incluye una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades a partir de junio de 2026. En paralelo, se dispuso un refuerzo presupuestario de $50.000 millones para los hospitales universitarios durante el año.
En materia estudiantil, se anunció una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano, que comenzará a regir desde este mes. Con estas medidas, el Gobierno busca descomprimir el conflicto con el sector universitario y garantizar el funcionamiento del sistema en un contexto de alta inflación y tensión presupuestaria.
