La novedad política y judicial más trascendente que podía recibir el oficialismo tucumano llevaba meses gestándose en silencio dentro de los tribunales federales. Sin el impacto mediático que tuvo su inicio, la causa que más inquietud había generado en la Casa de Gobierno provincial terminó desactivándose: el juez subrogante Guillermo Díaz Martínez resolvió archivar el expediente que investigaba el presunto manejo irregular de fondos públicos en distintos municipios.
El caso se había originado a partir de una denuncia de la Procelac, encabezada por Diego Velasco, que a fines de 2024 puso bajo sospecha a varias administraciones municipales de Tucumán, Catamarca y Salta. En territorio tucumano, la lupa estaba puesta sobre Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá, Alberdi y San Isidro de Lules, mientras que también se incluían comunas de otras provincias del norte.
El origen de la investigación
La Procuraduría había advertido una serie de operaciones financieras consideradas inusuales: extracciones reiteradas de grandes sumas de dinero en efectivo mediante cheques por ventanilla. Si bien esta modalidad es legal, presenta baja trazabilidad, lo que encendió las alertas de los organismos de control.
En su presentación inicial, la Procelac sostuvo que esos movimientos podían ser “contrarios al ordenamiento jurídico” y citó informes de la Unidad de Información Financiera, que señalaban la posibilidad de que parte de esos fondos públicos hubiera sido destinada al financiamiento de campañas electorales.
El volumen de dinero bajo análisis era significativo: $39.487 millones en total. Solo en Tucumán, las cifras resultaban impactantes: $17.200 millones en Banda del Río Salí; $11.400 millones en Famaillá; $6.000 millones en Alberdi; $4.200 millones en Lules; y $3.900 millones en Monteros.
La magnitud llevó a la Procuraduría a comparar esos montos con el financiamiento declarado por los principales espacios políticos a nivel nacional en 2023, que rondó los $875 millones, muy por debajo de lo investigado en los municipios.
A partir de estos indicios, se planteó la posible comisión de delitos como peculado, lavado de activos, asociación ilícita y violaciones a la ley de financiamiento de partidos políticos.
La denuncia fiscal y sus conclusiones
Tras la denuncia, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz impulsó una investigación exhaustiva. Solicitó informes a entidades bancarias, a organismos provinciales y a los propios municipios, tomó declaraciones testimoniales y analizó el patrimonio de los funcionarios involucrados en la firma de los cheques.
El objetivo era claro: determinar el destino del dinero extraído en efectivo.
Según el dictamen N° 1787/2025, el fiscal concluyó que no existían elementos suficientes para sostener una acusación penal. Las operaciones, indicó, habían sido autorizadas por las entidades bancarias sin observaciones, se realizaron dentro de los circuitos administrativos habituales y contaban con respaldo documental.
Además, subrayó que los movimientos seguían el procedimiento formal: intervención de áreas contables, emisión de actos administrativos, ejecución de pagos y posterior rendición ante los organismos de control. Incluso las cuentas de inversión habían sido aprobadas por los Concejos Deliberantes correspondientes.
En ese marco, el fiscal fue contundente: la emisión de cheques al portador es una práctica “formalmente válida” y “normativamente permitida”, que no constituye delito en ausencia de intención ilícita.
El análisis patrimonial tampoco arrojó irregularidades. Entre los casos evaluados se encuentra el del actual ministro del Interior tucumano, Darío Monteros, ex intendente de Banda del Río Salí, cuyos bienes resultaron consistentes con sus ingresos declarados. Conclusiones similares se alcanzaron respecto de otros jefes municipales como Carlos Gallia, Francisco Serra y Enrique Orellana.
Tampoco se logró acreditar la hipótesis central de la denuncia: el financiamiento irregular de campañas. “No se verifica transferencia de fondos municipales hacia estructuras partidarias o electorales”, afirmó el fiscal.
Con estos elementos, Vehils Ruiz concluyó que los hechos “no revisten entidad suficiente para habilitar la formulación de cargos”, por lo que correspondía la desestimación de la causa por inexistencia de delito.
Cuestionamientos administrativos
A pesar del cierre en términos penales, el dictamen no fue completamente exculpatorio en lo administrativo. El fiscal advirtió que existieron prácticas que podrían considerarse “displicentes” o marcadas por cierta “arbitrariedad” en el manejo de fondos públicos.
Sin embargo, aclaró que esas conductas no configuran delitos. En su análisis, señaló que la denuncia partía de “incriminaciones genéricas y abstractas” que, tras ser contrastadas con la documentación, no encuadraban en ninguna figura penal.
En ese sentido, diferenció entre posibles irregularidades administrativas —que podrían ser cuestionadas en otros ámbitos— y la inexistencia de conductas punibles desde el punto de vista penal.
Con el dictamen fiscal en sus manos, el juez Díaz Martínez resolvió el 20 de noviembre archivar la denuncia. En su resolución, recordó que la acción penal pública corresponde al Ministerio Público Fiscal, por lo que no puede avanzar sin impulso acusatorio.
De este modo, el magistrado convalidó la postura del fiscal y cerró formalmente el expediente, que permaneció sin trascendencia pública durante meses.
El capítulo aparte de Alberdi
No obstante, la causa tuvo una derivación parcial. Siguiendo una recomendación del fiscal, el juez ordenó remitir las actuaciones vinculadas al municipio de Juan Bautista Alberdi para que se integren a otra investigación en curso.
Ese expediente, radicado en otro juzgado federal, tiene como principal imputado al ex intendente Luis Campos, cuya gestión fue intervenida en 2025 por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo. Allí se investigan presuntos delitos vinculados al narcotráfico y lavado de activos, en una causa de mayor gravedad.
Impacto político
El cierre del expediente representa un fuerte alivio para el oficialismo tucumano. Lo que en su momento se perfilaba como un escándalo de alto impacto —con potenciales consecuencias electorales hacia 2027— terminó diluyéndose en un archivo administrativo.
Durante meses, la investigación había generado preocupación en la Casa de Gobierno, tanto por los montos involucrados como por la posibilidad de que se configuraran delitos vinculados al financiamiento político.
Sin embargo, la falta de pruebas concretas y la validación de los procedimientos administrativos terminaron desactivando la amenaza judicial.
Así, una causa que prometía sacudir el escenario político provincial concluyó sin imputaciones ni procesamientos. Para el oficialismo, significa quitar del debate uno de los temas más sensibles; para la oposición, la pérdida anticipada de un eje de cuestionamiento clave.
En definitiva, el expediente que concentró millones de pesos en sospechas y expectativas terminó resolviéndose sin estridencias, en un silencioso archivo que marca un punto de inflexión en la agenda política y judicial de Tucumán.
