Jorge Anaya González y Nicolás Vargas cumplirán durante 45 días arresto domiciliario luego de ser imputados por desobediencia judicial y portación ilegal de arma de guerra, en una causa derivada del enfrentamiento armado que protagonizaron junto a Facundo Ale durante una fiesta electrónica, en septiembre del año pasado. Ambos habían sido detenidos el 24 de septiembre y podrán cumplir la medida en sus domicilios una vez que depositen una caución de $3,5 millones cada uno. Además, deberán utilizar tobillera electrónica. Anaya González permanecerá en los monoblocks de avenida Roca al 2600, mientras que Vargas cumplirá la medida en su domicilio de Lomas de Tafí. La resolución se extenderá hasta el 10 de noviembre.
Según la investigación, los dos acusados habrían incumplido las condiciones que les habían impuesto para permanecer en libertad mientras avanzaba la causa por el tiroteo con Facundo Ale. Entre las reglas fijadas se encontraba la prohibición de acercarse a Ale o mantener cualquier tipo de contacto con él, ya fuera personalmente, por teléfono o mediante redes sociales. La Fiscalía sostiene que, entre febrero y septiembre de este año, habrían enviado a personas allegadas a Ale fotografías en las que aparecían exhibiendo armas de fuego, con la intención de intimidarlo. Durante la audiencia, Ale aseguró además que habría existido presión sobre personas que declararon como testigos. “Ellos están amenazando a los testigos, que son amigos míos”, sostuvo. Los imputados, en tanto, se abstuvieron de declarar.
Uno de los principales puntos discutidos durante la audiencia fue determinar si las armas que aparecen en las fotografías son reales. La auxiliar fiscal Jimena Castro incorporó el análisis realizado por Miguel Delgado, perito en criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Según su evaluación preliminar, en las imágenes podrían observarse un fusil tipo AR-15, en calibres .223 o 7,62, y una pistola Glock 17 calibre 9 milímetros. El especialista aclaró que se trató de una identificación orientativa basada exclusivamente en las fotografías y que no podía confirmar de manera definitiva que se tratara de armas reales.
El planteo de la defensa
El abogado defensor Facundo Herrera utilizó precisamente esa falta de certeza para cuestionar la acusación por portación ilegal de arma de guerra. Señaló que las armas no fueron encontradas durante ninguno de los nueve allanamientos realizados en el marco de la investigación y sostuvo que las imágenes, por sí solas, no permiten determinar si los objetos fotografiados son armas reales.
Según el planteo de la defensa, también podrían tratarse de réplicas, juguetes, objetos fabricados mediante impresión 3D o imágenes generadas o modificadas mediante inteligencia artificial. La discusión será relevante para determinar si puede sostenerse el cargo relacionado con la portación de armas.
El juez Sebastián Noriega Parache consideró que las fotografías y el informe preliminar del perito resultaban suficientes para avanzar con la investigación y formular los cargos, pero no para justificar una prisión preventiva. Por ese motivo, resolvió imponer 45 días de arresto domiciliario, acompañados por una caución económica y monitoreo electrónico.
La cuestión vinculada con las armas será determinante para el futuro de la imputación. Si la Fiscalía no logra acreditar que se trataba de armamento real y que además existió una portación en las condiciones previstas por la ley, podría quedar comprometido ese cargo. En ese escenario, permanecería la acusación por desobediencia judicial, delito que podría abrir la posibilidad de una eventual excarcelación, según la evolución de la causa.
Los tres imputados cumplen arresto domiciliario
Con la resolución adoptada respecto de Anaya González y Vargas, los tres imputados vinculados con el tiroteo de la fiesta electrónica cumplen actualmente medidas de arresto domiciliario.
En el caso de Facundo Ale, la acusación fiscal es de mayor gravedad y se solicitó una pena de seis años y seis meses de prisión. El hijo de Ángel “El Mono” Ale también permanece bajo una medida de arresto domiciliario mientras continúa el proceso judicial.
Ahora, la investigación deberá avanzar sobre las fotografías incorporadas al expediente, establecer el origen de las imágenes y determinar si los objetos que aparecen en ellas corresponden efectivamente a armas de fuego. Esa prueba será clave para definir si la imputación por portación ilegal de arma de guerra puede sostenerse durante las próximas etapas del proceso.
