Los integrantes del denominado clan Caro, denunciados en una causa por presunta extorsión dentro del penal de Villa Urquiza, fueron trasladados provisoriamente a la cárcel de Benjamín Paz, mientras las autoridades del Servicio Penitenciario de Tucumán realizan gestiones ante el Gobierno nacional para intentar ubicarlos en establecimientos penitenciarios federales.
La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por los hijos de Marcos Nacif, el hombre procesado por el transporte de 470 kilos de cocaína. Según la presentación, Walter, Emanuel y Francisco Caro le habrían exigido U$S 25.000 o la entrega de una camioneta a cambio de brindarle protección dentro de la cárcel.
De acuerdo con el relato incorporado al expediente, Nacif compartía celda con los denunciados desde su ingreso al penal. El hombre sostuvo que los hermanos Caro le suministraban agua y los medicamentos que debía consumir debido a sus problemas de salud. También afirmó que lo amenazaban con trasladarlo a otra unidad donde, según le advertían, estaría alojado con personas que consumían drogas y no recibiría protección.
El expediente quedó en manos del fiscal Diego López Ávila, quien ordenó una serie de medidas para determinar si las acusaciones tenían sustento. Entre ellas se realizó un allanamiento en el interior de la cárcel de Villa Urquiza, procedimiento durante el cual fueron encontrados teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes.
La investigación no se limita a determinar si existió la presunta extorsión. A partir de la denuncia, las autoridades penitenciarias también elaboraron un informe sobre los antecedentes de los tres hermanos y su comportamiento durante el tiempo que permanecieron alojados en Villa Urquiza.
En ese documento se recordó que los Caro fueron condenados en la causa conocida como “La industria del escruche”, una organización dedicada al robo de viviendas que era liderada por Miguel “La Gata” Lizárraga. Según la investigación de aquel expediente, los hermanos aportaban información sobre posibles víctimas mientras integrantes cordobeses de la banda viajaban a Tucumán para concretar los robos. La organización también habría operado en otras provincias.
Además, Marcos y Francisco Caro fueron condenados por homicidio, de acuerdo con los antecedentes recopilados por el Departamento de Inteligencia Criminal.
El informe penitenciario también menciona presuntos vínculos de integrantes del clan con personas investigadas por narcotráfico. Entre los antecedentes señalados aparece el caso de uno de ellos, quien habría sido detenido en una vivienda ubicada en un country de Mendoza que pertenecía a un reconocido narcotraficante de esa provincia.
También se menciona la relación que habrían mantenido con Jesús Piera Pinna, empresario tucumano vinculado a la cadena “El Faraón del Pollo”, quien fue condenado por un homicidio ocurrido durante una fiesta en Mar del Plata. Según el informe, el anfitrión de aquella reunión era un empresario investigado por tráfico internacional de drogas.
A partir de estos antecedentes, las autoridades penitenciarias pusieron nuevamente bajo análisis las condiciones en las que los hermanos Caro permanecían alojados en Villa Urquiza. Si bien no quedó establecido formalmente que gozaran de privilegios, existen sospechas de que habrían contado con celdas acondicionadas, televisión y otras comodidades.
También llamó la atención de los investigadores que no hubieran sido trasladados anteriormente a Benjamín Paz, establecimiento destinado a personas privadas de la libertad consideradas de mayor peligrosidad.
El informe fue elevado al secretario de Seguridad, Héctor Gustavo Vizcarra, quien actualmente mantiene conversaciones con autoridades nacionales para gestionar el traslado de los hermanos Caro a cárceles federales.
La intención es que sean incorporados a un régimen penitenciario diseñado para personas consideradas de alto riesgo, que contempla mayores restricciones en materia de comunicaciones, visitas y contacto con otros internos.
El sistema establece, entre otras medidas, visitas restringidas y bajo estrictos controles, comunicaciones monitoreadas con números previamente autorizados, escáneres corporales, detectores de metales, sistemas de reconocimiento facial y alojamiento en celdas individuales.
Los internos incluidos en este régimen tampoco tienen contacto libre con otros presos y cuentan con restricciones para acceder al patio. Además, existen limitaciones respecto del ingreso de alimentos y prendas de vestir.
El esquema ya fue cuestionado en distintas oportunidades ante la Justicia por las condiciones de encierro, aunque continúa vigente.
Los hermanos Caro no serían los primeros tucumanos en quedar alcanzados por este tipo de régimen. En septiembre de 2024 fueron trasladados a cárceles federales Miguel “Miguelón” Figueroa, Máximo “Maxi” Abraham y Jorge Álvaro Quiroga, todos condenados por delitos graves.
Figueroa, condenado por tres homicidios y señalado en distintas investigaciones por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, protagonizó incluso episodios de amenazas contra funcionarios judiciales y autoridades políticas mientras permanecía bajo esta modalidad de encierro.
Quiroga, condenado por homicidio, también fue trasladado a una unidad federal, aunque actualmente no trascendió públicamente dónde se encuentra alojado ni cuál es su estado de salud.
El caso de “Maxi” Abraham tuvo un desenlace trágico: en septiembre del año pasado se quitó la vida en el calabozo de una cárcel de Rawson. Sus familiares habían denunciado que atravesaba un profundo cuadro de depresión y que la falta de contacto con ellos había agravado su situación.
Ahora, la situación de los hermanos Caro vuelve a poner el foco sobre el funcionamiento del sistema penitenciario tucumano, los controles dentro de las cárceles y la capacidad de los internos con antecedentes por delitos graves para continuar realizando actividades ilícitas desde prisión. Por el momento, los tres permanecen alojados en Benjamín Paz mientras avanza la investigación por la presunta extorsión y se define si serán trasladados a una cárcel federal.
