Una mujer denunció ante el Ministerio Público a una persona que realizaba tratamientos estéticos en un centro de San Miguel de Tucumán, después de someterse a dos procedimientos que, según su relato, le provocaron complicaciones. De acuerdo con la presentación y las declaraciones de su abogado, Patricio Char, la paciente creía que quien realizaba las intervenciones era una profesional médica habilitada. Sin embargo, posteriormente habría descubierto que figuraba oficialmente como instrumentista.
Según explicó Char, el primer procedimiento consistió en una aplicación en los labios que le fue presentada como ácido hialurónico. Luego, la mujer se sometió a otra intervención en la que le habrían extraído grasa del abdomen y de los brazos para colocarla en los glúteos. El procedimiento habría incluido el uso de anestesia y la posterior indicación de medicamentos y calmantes, por los que la paciente abonó una suma que, según su abogado, fue elevada.
Con el paso del tiempo, la mujer comenzó a presentar problemas y advirtió que los resultados del tratamiento no se mantenían como esperaba. De acuerdo con el relato de Char, acudió entonces a otro profesional para intentar retirar la sustancia que creía que le habían aplicado en los labios. “Al no poder extraerlo, se dieron cuenta de que le había colocado silicona”, sostuvo el abogado, quien afirmó que esa situación motivó la investigación posterior.
A partir de allí, la denunciante contrató a Char para determinar quién había realizado los procedimientos y qué habilitación tenía para efectuarlos. El abogado aseguró que encontraron documentación que, según su interpretación, mostraría que la mujer se presentaba y firmaba recetas como médica, pese a que en los registros oficiales figuraría como instrumentista. También afirmó que algunas recetas tendrían membretes de hospitales públicos y que se habrían utilizado números de matrícula inexistentes o correspondientes a otros profesionales.
La situación fue puesta en conocimiento del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) y del Ministerio Público. Según Char, además, se realizó un allanamiento en el centro de estética, aunque no se encontraron allí los elementos que buscaban. El abogado sostuvo que esa circunstancia generó sospechas sobre una eventual advertencia previa, aunque esa afirmación forma parte de su planteo y deberá ser investigada.
La investigación busca determinar también qué sustancias, medicamentos y anestésicos eran utilizados en los procedimientos y cuál era su procedencia. Char afirmó que su equipo intenta establecer quién proporcionaba esos productos e insumos y señaló que otras personas se habrían contactado con ellos para relatar experiencias que, según indicó, serían similares.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la ausencia, según la versión de la paciente, de un consentimiento informado. Char sostuvo que su representada aceptó los procedimientos porque entendía que estaba siendo atendida por una médica y porque se le había informado qué sustancia sería utilizada. También afirmó que la mujer continúa padeciendo consecuencias de los tratamientos y que la denunciada seguiría ofreciendo procedimientos estéticos, incluidos tratamientos vinculados con la reducción de peso.
El descargo de la defensa
La mujer señalada no brindó declaraciones y optó por hacerlo a través de su abogado, Ernesto Baaclini, quien rechazó las acusaciones. El defensor sostuvo que se trata de una “falsa acusación por sentir disconformidad en el tratamiento recibido” y cuestionó la evidencia presentada por la denunciante.
Baaclini afirmó que las pruebas aportadas por los denunciantes serían contradictorias y remarcó que su representada no fue acusada hasta el momento de ningún delito. Según explicó, la investigación estaría vinculada preliminarmente con una posible usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina, aunque aclaró que el Ministerio Público todavía no formuló una acusación penal.
El abogado también sostuvo que la mujer nunca se habría promocionado como médica y señaló que, hasta el momento, la denunciante tampoco habría sido incorporada como querellante. “De todas las pruebas presentadas no hay una sola que sirva para demostrar lo que se demandó”, afirmó.
El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público y también fue planteado ante el Siprosa. La Justicia deberá determinar qué prácticas fueron realizadas, qué sustancias se utilizaron, qué habilitación tenía la persona denunciada y si existieron conductas que pudieran constituir delitos o infracciones sanitarias.
