Una fuerte interna se desató dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) luego de que diputadas del espacio Provincias Unidas se pronunciaran en contra del proyecto presentado por la senadora Carolina Losada, que propone endurecer las sanciones por falsas denuncias y falsos testimonios en casos de violencia de género y abuso sexual.
El rechazo quedó plasmado en una declaración impulsada por las diputadas María Inés Zigarán y Mariela Coletta, quienes reafirmaron la defensa de la Convención de Belém do Pará, el tratado internacional al que Argentina adhirió en 1994 y que reconoce la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos.
La iniciativa también sumó el respaldo de otros referentes del espacio, como Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Esteban Paulón, Martín Lousteau y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, lo que dejó en evidencia el nivel de fractura interna dentro del radicalismo.
El proyecto de Losada había sido debatido en comisión el mismo día en que la Cámara de Diputados trató modificaciones a la Ley de Glaciares, pero el fuerte rechazo que generó derivó en su corrimiento de la agenda parlamentaria del Senado.
En los fundamentos del documento, las legisladoras advirtieron que el impulso de este tipo de iniciativas “configura un escenario de regresividad normativa” que vulnera principios básicos en materia de derechos humanos, como el de progresividad.
Además, el pasado 11 de mayo, un grupo de profesionales y referentes en derechos humanos presentó una denuncia contra Losada, a quien acusan de promover un “plan de coacción e intimidación” hacia psicólogos y especialistas para desalentar la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.
Entre los delitos señalados en esa presentación figuran coacción, encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y apología del crimen.
Uno de los principales cuestionamientos al proyecto es la falta de respaldo estadístico. Según un informe del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, basado en más de 8 millones de casos penalesrelevados entre 2023 y 2025 en 17 provincias, las denuncias falsas representan apenas el 0,09% del total.
En el caso de los falsos testimonios, la incidencia es aún menor: 0,025%, lo que equivale a un caso cada 3.940 causas. “No existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal”, sostienen los autores del informe.
El estudio también indica que el 86% de las falsas denuncias está vinculado a conflictos de otra índole, como cuestiones patrimoniales o laborales, y no a casos de violencia de género, que son el eje del proyecto impulsado por la senadora.
La iniciativa de Losada propone endurecer penas ya previstas en el Código Penal, como la denuncia falsa (artículo 245) y el falso testimonio (artículo 275), pero exclusivamente cuando estén vinculadas a hechos de violencia de género, abuso sexual o violencia contra menores.
En ese marco, plantea elevar la pena por denuncias falsas de un rango actual de 2 meses a 1 año a una escala de 3 a 6 años, lo que convertiría al delito en no excarcelable. Para el falso testimonio, propone pasar de 1 mes a 4 años a una pena de 3 a 8 años.
Losada fundamentó su proyecto en la supuesta existencia de una proliferación de denuncias sin pruebas suficientes, que —según su postura— generan consecuencias graves para las personas denunciadas.
Sin embargo, desde distintos sectores advierten que un endurecimiento de las penas podría tener un efecto inhibidor en las víctimas, que podrían desistir de denunciar por temor a enfrentar consecuencias judiciales si no logran probar los hechos.
