El Gobierno nacional dispuso mantener bajo secreto militar una nueva adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La medida quedó formalizada mediante el decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti. La decisión impide conocer públicamente los detalles de la compra, incluido el material que se incorporará, su costo, el proveedor y el destino dentro de la estructura militar.
La disposición se conoce mientras la administración libertaria impulsa un programa de modernización de la defensa nacional y en un contexto de tensiones diplomáticas con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Sin embargo, el decreto no establece una relación directa entre esta adquisición y la disputa por el archipiélago. En paralelo, el Ejecutivo avanzó con sanciones contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina y con medidas relacionadas con el proyecto petrolero Sea Lion. También anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.
Qué establece el decreto
La norma se fundamenta en la Ley de Defensa Nacional 23.554, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas 24.948 y el Decreto 9390/63. Este marco contempla la clasificación como secreto militar de determinadas adquisiciones, fabricaciones o construcciones consideradas fundamentales para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.
La aplicación de ese régimen permite exceptuar las operaciones alcanzadas de los procedimientos habituales de publicidad y difusión de las contrataciones estatales. De esta manera, la información sobre la nueva compra queda fuera del acceso público.
El expediente administrativo identificado como EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD tramita de manera independiente de las adquisiciones de aviones de combate F-16 realizadas anteriormente. Además, el decreto no identifica a la Fuerza Aérea como destinataria del equipamiento. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa será la encargada de instrumentar las actuaciones necesarias para concretar la operación.
No es la primera vez que el Ejecutivo recurre a este mecanismo. Desde diciembre de 2023, el Gobierno dictó distintas normas para mantener bajo reserva contratos relacionados con el reequipamiento militar. Entre ellas figuran los decretos 370/24, 807/24 y 1073/24, vinculados con la compra de los F-16 a Dinamarca, la infraestructura necesaria para recibirlos y los contratos complementarios gestionados mediante el programa estadounidense de Ventas Militares al Extranjero (FMS).
A esa lista se sumó el decreto 735/26, que clasificó como secreto militar una operación de exportación temporal de material de los F-16 para tareas de mantenimiento y actualización.
Un plan de modernización con aviones y vehículos militares
La nueva adquisición se enmarca en el proceso de renovación del equipamiento de defensa impulsado durante la gestión de Milei. Según un relevamiento basado en registros del Sistema de Contrataciones Electrónicas y acuerdos bilaterales, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 el Estado destinó US$ 445.026.954 a armamento y equipamiento militar y de seguridad.
De acuerdo con ese análisis, US$ 381,4 millones correspondieron a las Fuerzas Armadas y US$ 63,7 millones al área de Seguridad. El informe registró desembolsos por US$ 357,8 millones durante 2024, US$ 59,4 millones en 2025 y US$ 27,8 millones en los primeros siete meses de 2026.
La principal operación del período fue la compra de 24 aviones de combate F-16 a Dinamarca, acordada en abril de 2024 por US$ 301,2 millones. El contrato contempla 16 aeronaves monoplaza y ocho biplaza, con pagos distribuidos en cinco cuotas anuales.
Por el momento, el decreto 1205/2026 no permite determinar si la nueva adquisición incluye aeronaves, vehículos blindados, sistemas de comunicación u otro tipo de equipamiento. Tampoco se conocen públicamente su costo ni los plazos previstos para concretarla.
