En vísperas del tratamiento del proyecto en sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional endureció su discurso respecto a la reforma del Régimen Penal Juvenil. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, manifestó que la edad de imputabilidad “debería ser de 12 años”, perforando incluso el piso de 13 años que establece la iniciativa oficial actual.
En declaraciones radiales, la funcionaria expuso la necesidad de actualizar la normativa vigente. “La baja de la edad de imputabilidad es clave, ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años. Creo que incluso debería ser menos; la tendencia y la discusión es que se está alrededor de los 12 y los 13”, sostuvo Monteoliva.
Para la titular de la cartera de Seguridad, la legislación actual ha quedado obsoleta frente a la nueva realidad delictiva. “Tenemos una normativa de 1980 y las organizaciones criminales han cambiado, reclutan chicos; la evidencia muestra que estas organizaciones han mutado”, argumentó, advirtiendo que, salvo Brasil, “todos los demás países están entre 12, 13 y 14 años como piso”.
“Delito de mayor, pena de mayor”
La postura de Monteoliva se alinea con la fuerte defensa que realizó su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien calificó al régimen actual como “malísimo” e “injusto” tanto para las víctimas como para los propios menores.
“No estamos en 1980, estamos en 2026, con un mundo distinto”, enfatizó Cúneo Libarona. El ministro subrayó que el perfil del delincuente juvenil ha cambiado drásticamente debido al avance del narcotráfico: “El joven de hoy es producto de la droga y de la violencia. Tuvimos hechos sangrientos cometidos por chicos de 12 a 15 años que comprenden perfectamente lo que hacen”.
Bajo la premisa de “el que las hace, las paga”, el ministro de Justicia insistió en que el sistema debe terminar con la impunidad. “Hay muchísimos crímenes, delitos aberrantes, abusos sexuales y robos con armas. Muchas veces los mayores usan a los menores para cometer delitos”, explicó.
Con el proyecto incluido en el temario de extraordinarias, el Ejecutivo busca acelerar el debate parlamentario. “Nos tenemos que actualizar a la realidad que estamos viviendo”, concluyeron desde el Gabinete, citando ejemplos internacionales como el de Inglaterra y los países vecinos para justificar la reforma.
