La disputa judicial entre la diputada nacional Soledad Molinuevo y el gobernador Osvaldo Jaldo sumó un nuevo capítulo tras la reciente resolución del juez en lo Civil y Comercial de la Capital de la V Nominación, Pedro Daniel Cagna. El magistrado decidió desestimar el pedido de la referente libertaria para suspender los efectos de la sentencia que la obliga a eliminar publicaciones en redes sociales consideradas agraviantes hacia el mandatario provincial.
De este modo, la resolución ratifica la medida autosatisfactiva dictada previamente, que ordena a Molinuevo borrar los contenidos cuestionados y abstenerse de reiterar afirmaciones similares. Según el fallo, la ejecución de este tipo de decisiones es inmediata y no puede ser suspendida, tal como lo establece el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán.
No obstante, el juez sí concedió el recurso de apelación presentado por la diputada, lo que habilita la revisión del caso por parte de una instancia superior. Mientras tanto, la orden de eliminar las publicaciones continúa vigente.
Desde el entorno del gobernador, la abogada Paula Morales Soria advirtió que la legisladora “tiene la obligación” de cumplir con la resolución judicial y que, en caso contrario, podría incurrir en desobediencia judicial. A su vez, remarcó que el objetivo de la demanda no es censurar opiniones, sino resguardar el honor del mandatario frente a acusaciones sin sustento.
Por su parte, Molinuevo, patrocinada por el abogado Ricardo José Tomás Paz, sostuvo que la medida constituye un acto de censura y anticipó que agotará todas las instancias judiciales disponibles. Entre sus planteos, cuestionó la competencia de la Justicia provincial, al considerar que el caso involucra prerrogativas constitucionales vinculadas a su rol como diputada nacional.
El origen del conflicto se remonta a una serie de publicaciones realizadas por la legisladora luego de la agresión sufrida por el diputado Federico Pelli en la ciudad de La Madrid. En ese contexto, Molinuevo vinculó políticamente al gobernador con el hecho y lo acusó de prácticas mafiosas, además de responsabilizarlo por eventuales situaciones que pudieran afectarla a ella, a su familia y a su espacio político.
Estas expresiones motivaron la demanda presentada por Jaldo el 13 de marzo, en la que solicitó la eliminación de los posteos, la abstención de reiterarlos y disculpas públicas. En su primera resolución, el 15 de marzo, el juez Cagna hizo lugar parcialmente al planteo: ordenó borrar las publicaciones, pero rechazó el pedido de disculpas.
En su nuevo fallo, el magistrado fue contundente al sostener que la normativa vigente “no admite interpretaciones” respecto a la ejecución inmediata de este tipo de sentencias. En ese sentido, explicó que permitir la suspensión implicaría desvirtuar el esquema legal previsto para las tutelas urgentes.
En paralelo, la controversia también se trasladó al ámbito federal. El 26 de marzo, Molinuevo presentó una demanda para que la causa sea remitida a la Justicia Federal de Tucumán, insistiendo en la falta de competencia del fuero provincial.
Así, el conflicto entre la diputada libertaria y el gobernador tucumano continúa escalando en distintos frentes judiciales, con definiciones pendientes que podrían sentar precedentes sobre los límites entre la libertad de expresión y la protección del honor en el ámbito político.
