En medio del creciente interés público y las repercusiones que mantiene el caso de Felipe “El Militar” Sosa, detenido por el homicidio de Érika Antonella Álvarez en Yerba Buena, una nueva polémica judicial sacude al sistema de justicia de Tucumán. Documentación interna revela que el Ministerio Público Fiscal (MPF) optó por no avanzar en una causa por amenazas que pesaba sobre Sosa, argumentando que se trataba de una “cuestión de estrategia”.
El expediente, identificado como legajo S-100388/2024 “Sosa Felipe s/ Amenazas”, estaba previsto para avanzar con la formulación de cargos y la audiencia correspondiente el 8 de mayo de 2025. Sin embargo, un correo interno enviado desde la Unidad Fiscal Criminal II a la Oficina de Gestión de Audiencias solicitó cancelar la audiencia #93211, con el justificativo explícito de que no se realizaría la formulación de cargos “hasta tanto se recolecten más evidencias”.
La denuncia original había sido realizada por Diego Ramón López Osa, excuñado de Sosa y supuesta víctima de las amenazas. Lo llamativo es que la decisión de frenar el avance de esa causa se tomó pese a que un fiscal ya había dictado medidas de protección para el denunciante. Este dato alimenta las dudas e interrogantes sobre la coherencia en la actuación del MPF.
La decisión judicial sobre esta causa se produce cuando Sosa se encuentra detenido y procesado por el asesinato de Érika Álvarez, un crimen que conmocionó a la provincia y ocupó largas jornadas en los medios locales. El acusado fue capturado luego de permanecer prófugo y actualmente permanece alojado en el Complejo Penitenciario de Benjamín Paz.
Además de esta denuncia por amenazas, el historial judicial de Sosa incluye otros fallos favorables en causas anteriores: fue sobreseído en una investigación federal por tenencia de marihuana —con cantidades que, según fuentes judiciales, excedían el uso medicinal— y en otra causa por violencia de género, donde el magistrado a cargo señaló que el caso debió dirimirse en debate oral y público, marcando diferencias de criterio en la actuación judicial.
La revelación del correo interno que detalla la decisión del MPF ha encendido el debate público. Organismos de derechos humanos, referentes de seguridad y sectores de la sociedad civil han cuestionado la falta de avances en causas conexas, exigiendo transparencia y criterios uniformes para garantizar la igualdad ante la ley.
Los interrogantes centrales ahora giran en torno a qué estrategia justificaría que una causa con medidas de protección activas no prosiga, qué evidencias adicionales se aguardaban y por qué el expediente quedó estancado hasta que un hecho mucho más grave —el homicidio— obligó a la intervención penal.
Mientras tanto, en el ámbito judicial local se aguarda algún pronunciamiento oficial del MPF sobre este episodio, y se intensifican los pedidos por parte de familiares y organizaciones sociales para esclarecer por qué una denuncia de amenazas no fue debidamente abordada en su momento.
