La tensión política y judicial en torno a las próximas elecciones de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) escaló en las últimas horas con un planteo de máxima urgencia. A través de un nuevo escrito, el abogado Gonzalo Casas —apoderado de los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala— solicitó al juez federal Guillermo Díaz Martínez que dicte de inmediato tanto la medida cautelar como la sentencia de fondo respecto a la posible nueva candidatura del actual rector, Sergio Pagani.
“Esta solicitud no es un simple pedido de resolución más”, advirtió Casas al inicio de su presentación. El letrado argumentó que el escenario jurídico cambió de manera sustancial, ya que la Junta Electoral comenzó oficialmente la recepción y tramitación de candidaturas para el Rectorado. A su criterio, esta inminencia exige una respuesta judicial expedita para evitar que la situación se convierta en un hecho consumado. De hecho, la urgencia de los plazos quedó demostrada hoy mismo, cuando Cabrera y Abdala formalizaron su propia inscripción como candidatos a rector y vicerrectora, respectivamente.
El planteo opositor retoma el eje central de su demanda original: ordenar a la Universidad abstenerse de admitir fórmulas que incluyan candidatos que ya hayan cumplido dos mandatos consecutivos, invocando una presunta violación de los artículos 17 y 190 del Estatuto universitario. La cautelar busca impedir expresamente que se “recepten, tramiten, acrediten, exhiban y oficialicen” este tipo de postulaciones. Según advirtió el abogado, la inminente oficialización de un tercer mandato de Pagani provocaría un daño “de difícil o imposible reparación ulterior” y desbarataría por completo las pretensiones de sus representados.
El escrito profundiza además en el grave impacto institucional del conflicto. La oposición sostiene que permitir el avance de una postulación impugnada implicaría que “el proceso electoral quedaría contaminado desde su comienzo”, vulnerando principios estructurales como la legalidad, la seguridad jurídica, la igualdad y el propio sistema republicano. Asimismo, Casas remarcó que el derecho a la tutela judicial efectiva no se agota en la posibilidad de iniciar una causa, sino que requiere una respuesta oportuna antes de que los hechos se consoliden y vacíen de contenido la intervención de la Justicia.
Este nuevo movimiento estratégico se inscribe en un expediente federal que ya reúne todos los elementos necesarios para una definición. El juez Díaz Martínez adelantó recientemente que dictará en un mismo acto la sentencia sobre el fondo de la cuestión y la medida cautelar, al considerar que no es necesario producir nuevas pruebas. En la vereda de enfrente, el apoderado legal de la UNT, Jorge Chehín, rechaza la embestida afirmando que no existe un “caso concreto” ni una incertidumbre jurídica actual que habilite la injerencia judicial. Mientras los tiempos administrativos se agotan, la figura de Pagani sigue en el centro del debate político, aunque el actual rector mantiene el hermetismo y aún no ha confirmado públicamente si buscará, o no, retener la conducción de la Casa de Altos Estudios.
