La investigación por la explosión en un departamento de Monteagudo 120, que provocó la muerte del médico Jonathan Stisman, sumó un dato clave en las últimas horas: registros municipales ponen en duda que el edificio haya contado con la habilitación necesaria para ser habitado.
El siniestro, que también dejó importantes daños en viviendas linderas, es analizado en dos frentes. Por un lado, los peritos buscan determinar el origen de la explosión, cuya principal hipótesis apunta a una posible fuga de gas en un artefacto de cocina, aunque aún no fue confirmada. Por otro, el municipio revisa la documentación y los antecedentes del inmueble.
Según fuentes vinculadas a la pesquisa, los archivos revelan que ya en 2003 las direcciones de Catastro y Defensa Civil habían advertido que el edificio no cumplía con condiciones básicas de seguridad.
En ese entonces, incluso se habría emitido un decreto que señalaba diversas irregularidades respecto del proyecto original y ordenaba el desalojo del inmueble, que ya se encontraba habitado.
Entre las anomalías detectadas figuraban modificaciones no autorizadas, como cambios en balcones, reubicación de ascensores, ampliaciones en la terraza e incluso la construcción irregular de un octavo piso.
Años más tarde, en 2018, el edificio volvió a aparecer en un relevamiento municipal que identificó más de 600 construcciones, de las cuales al menos 31 estaban habitadas sin contar con el certificado de Final de Obra ni la habilitación correspondiente. Monteagudo 120 figuraba dentro de ese listado.
Las ordenanzas municipales prohíben expresamente ocupar inmuebles sin esas certificaciones, aunque existen casos que llevan años en situación irregular.
En paralelo, concejales habían advertido en su momento sobre condiciones precarias en distintos edificios en infracción, donde familias convivían con instalaciones provisorias de servicios.
Ahora, la Justicia y los organismos técnicos buscan establecer qué ocurrió tras aquellas intimaciones, si las irregularidades fueron subsanadas y si el edificio obtuvo finalmente los permisos necesarios o alguna excepción.
Por el momento, no está confirmado que estas posibles fallas estructurales o administrativas tengan relación directa con la explosión. Esa conexión dependerá de los resultados de las pericias técnicas, que aún están en curso.
