La disputa por la eventual reelección de Osvaldo Jaldo en 2027 sumó un nuevo capítulo judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación remitió a la Procuración General de la Nación la demanda presentada por cuatro partidos tucumanos que cuestionan la constitucionalidad del artículo 90 de la Carta Magna provincial. Antes de analizar el reclamo, el máximo tribunal deberá determinar si tiene competencia para intervenir directamente en el expediente.
La decisión quedó plasmada en el proveído correspondiente a la causa “Cambia Tucumán y otros c/ Tucumán, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”. Allí, la Corte dispuso: “Pasen las actuaciones a la Procuración General de la Nación a fin de que se expida acerca de la competencia del Tribunal”. El dictamen no abordará todavía la validez de la norma ni la posibilidad de una nueva candidatura del gobernador: se limitará a establecer si corresponde la competencia originaria del máximo tribunal, prevista en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.
De esta manera, el tribunal dio curso a los aspectos formales del expediente y dispuso su remisión a la Procuración General para que se expida sobre su competencia. La opinión de la misma no será vinculante y luego los jueces resolverán si aceptan intervenir.

La respuesta de Jaldo: “Se quiere sacar de la cancha a un candidato”
El gobernador rechazó los cuestionamientos y defendió la vigencia del artículo 90. Durante una rueda de prensa, sostuvo que la Constitución provincial establece con claridad las condiciones para la reelección y que el planteo opositor tiene como objetivo impedir su participación en las próximas elecciones.
“Lo único que hay que hacer es cumplir con la letra de la Constitución provincial. Y así lo han venido haciendo los vicegobernadores y los gobernadores que han pasado estos últimos cinco períodos”, afirmó. También cuestionó que se intente equiparar las funciones de gobernador y vicegobernador, al remarcar que se trata de cargos institucionalmente diferentes.

“El vicegobernador ha sido elegido para conducir uno de los poderes del Estado”, expresó, en referencia a la presidencia de la Legislatura, mientras que el gobernador está al frente del Poder Ejecutivo. Además, sostuvo que las disposiciones sobre mandatos y reelecciones también alcanzan a intendentes, concejales, legisladores y comisionados comunales, por lo que rechazó que exista un régimen de privilegio para la fórmula gubernamental.
Jaldo también respondió a las críticas del diputado nacional Mariano Campero, quien había cuestionado su situación constitucional. “Él manifiesta que el gobernador está flojo de papeles. Yo, con mucho respeto, les digo que ellos están cortos de papeles y muy blanditos de cuerpo”, lanzó.
Sobre la presentación judicial, el mandatario consideró que, aunque formalmente se cuestiona el artículo 90, el planteo está dirigido contra su persona. “Se quiere sacar de la cancha a un candidato. Si bien se ataca el artículo 90, va dirigido a una sola persona”, manifestó. De todos modos, aseguró que aceptará lo que resuelvan los tribunales: “Como hombre de la democracia, estamos sujetos a las decisiones de la Justicia federal, de la Justicia provincial o de donde corresponda analizar este planteo”.
Qué pretende cambiar la oposición
La acción fue impulsada por Cambia Tucumán, el PRO, Fuerza Republicana y Creo, que solicitaron declarar la inconstitucionalidad parcial del artículo 90 de la Constitución provincial. El objetivo es impedir que una misma persona pueda completar dos períodos consecutivos como vicegobernador y luego otros dos como gobernador, utilizando el cambio de cargo para reiniciar el cómputo de los mandatos.

En concreto, los demandantes buscan que esa interpretación no pueda habilitar a Jaldo a competir por un segundo mandato consecutivo al frente del Poder Ejecutivo en las elecciones del 9 de mayo de 2027, convocadas mediante el Decreto 1.688/14 MGyJ. El actual mandatario fue vicegobernador entre 2015 y 2023 y asumió la Gobernación ese último año. La presentación sostiene que la alternancia entre ambos cargos no debe utilizarse para prolongar la permanencia de una misma persona en los principales puestos del Ejecutivo provincial.
Los partidos respaldaron su planteo en el principio republicano y en el antecedente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en el caso “Manzur”, mediante la sentencia 1481 del 29 de noviembre de 2022. También argumentaron que existe una cuestión federal porque, según su interpretación, la cláusula provincial debe ser examinada a la luz de los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional. Para ello, citaron un antecedente sobre la provincia de Formosa resuelto por la Corte nacional en diciembre de 2024. La demanda no incluye un pedido de medida cautelar.
La Fiscalía de Estado también cuestionó el camino judicial
La fiscal de Estado de Tucumán, Gilda Pedicone de Valls, ya había objetado que los opositores acudieran directamente a la Corte Suprema de la Nación sin agotar previamente las instancias judiciales de la provincia. La funcionaria anticipó que defenderá la vigencia de la Constitución tucumana y sostuvo que el artículo 90 contiene las condiciones que, a su entender, habilitan una nueva candidatura del gobernador.
Ese planteo sobre la vía procesal será uno de los puntos centrales que deberá evaluar la Procuración. Una fuente judicial consultada anticipó que el dictamen podría sostener que los demandantes no agotaron las instancias provinciales. El trámite no tiene un plazo establecido y, una vez que se conozca la opinión del organismo, la Corte deberá decidir si acepta su competencia.
El antecedente más cercano se remonta a 2023, cuando una medida cautelar de la Corte Suprema nacional frenó la candidatura de Juan Manzur a vicegobernador, luego de que hubiera ejercido dos períodos como vicegobernador y otros dos como gobernador. Sin embargo, aquella causa quedó abstracta tras la renuncia de Manzur y el artículo 90 no recibió entonces un pronunciamiento definitivo sobre su constitucionalidad.


