Con una apariencia descuidada, lejos de la imagen de rostro y cabeza afeitados que solía mostrar, Felipe “El Militar” Sosa volvió a estar en el centro de la escena judicial. Durante la audiencia celebrada ayer, el eje del debate giró en torno a su salud mental y adicciones. “La incertidumbre es el peor enemigo de un soldado”, expresó el acusado ante el juez.
La defensa técnica, encabezada por Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, planteó la necesidad imperiosa de que Sosa reciba tratamiento por el síndrome de abstinencia que, aseguran, padece en su encierro. “Está atravesando una severa crisis y necesita ser asistido, ya que en el penal de Benjamín Paz, donde cumple prisión preventiva, no se brinda ese tipo de contención”, argumentaron los letrados.
En ese sentido, Cosiansi buscó despegarse de la estrategia de los abogados anteriores, calificándola de errónea por haber presentado a su cliente como un consumidor social de marihuana. “Eso no es así. Incluso, en varios medios de comunicación se difundió que en las fiestas a las que asistía había platos con cocaína”, remarcó para graficar la gravedad del consumo.
El pedido concreto de la defensa fue el traslado de Sosa a un hospital público para una evaluación psiquiátrica imparcial. “No se pueden desatender los problemas de salud de una persona procesada. Vamos a aceptar lo que determine quien lo evalúe, pero pedimos que no sea alguien perteneciente al Ministerio Público. Creemos que lo más conveniente es que sea trasladado y diagnosticado en un hospital público”, sostuvo el abogado.
Sin embargo, la auxiliar fiscal Luz Becerra se opuso al traslado, basándose en informes previos. “Antes de que fuera alojado, un perito lo examinó y fue contundente en su diagnóstico: determinó que no estaba intoxicado ni presentaba síntomas de abstinencia. No nos oponemos a que reciba atención médica, pero sí a que abandone el penal”, aclaró.
Esta postura fue respaldada por Carlos Garmendia, querellante en la causa: “Por experiencia propia, puedo decir que es mucho más conveniente que al informe lo realice alguien que se traslade hasta el penal”.
Quejas por las condiciones de detención
Más allá de la cuestión médica, la defensa denunció un trato desmedido hacia Sosa. “En la primera audiencia advertimos que durante su traslado fue maltratado y que lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán. Sigue padeciendo malos tratos, presión psicológica y violaciones a sus derechos”, disparó Cosiansi.
Su colega, Rubén Flores, sumó críticas sobre las dificultades para ejercer la defensa técnica en el penal: “Cada vez que lo hacemos, nos asignan una sala separada por un vidrio, está acompañado por personal penitenciario y permanece con las manos y las piernas esposadas”. Aunque la Fiscalía dijo no tener injerencia en los protocolos penitenciarios, se acordó revisar la situación.
El propio Sosa tomó la palabra para admitir su problema con las sustancias y pedir no estar aislado. “Estoy viviendo un momento difícil. Cuando uno consume, piensa que todo está bajo control, pero ahora me doy cuenta de que no es así”, confesó el acusado de homicidio simple, y añadió: “Aprovecho la situación, señor juez, para pedirle que me permitan tener contacto con otros internos, ya que estoy solo y no puedo hablar con nadie”.
Finalmente, el juez Eduardo González, si bien aclaró que no percibía a simple vista el síndrome de abstinencia alegado, hizo lugar al pedido de evaluación. Ordenó que un especialista en salud mental diagnostique a Sosa en un plazo de 48 horas y que el Servicio Penitenciario informe sobre las condiciones de alojamiento, bajo apercibimiento de una multa diaria de $500.000 en caso de incumplimiento.
Con información de La Gaceta Tucumán
