La Justicia argentina avanzó con un pedido formal de extradición contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, con el objetivo de indagarlo en una causa que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad. La medida fue impulsada en el marco de un expediente judicial que tramita en los tribunales federales del país.
El reclamo fue realizado por el juez federal Sebastián Ramos, quien interviene en la causa que analiza denuncias por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno venezolano. El magistrado solicitó la extradición para que el dirigente sea interrogado en territorio argentino.
Según trascendió, el pedido se sustenta en investigaciones que incluyen acusaciones por detenciones ilegales, torturas y persecuciones políticas. La causa forma parte de una investigación iniciada en 2024 tras denuncias presentadas por organizaciones civiles y víctimas que denunciaron un presunto plan sistemático de represión en Venezuela.
El expediente tramita en Comodoro Py y cuenta con antecedentes judiciales, entre ellos una orden de captura internacional dictada contra Maduro y otros funcionarios del régimen venezolano. El avance del proceso judicial se vio impulsado luego de que tomara estado público la situación de detención del mandatario en el exterior, lo que habilitó a avanzar con el trámite de extradición.
En paralelo, querellantes y fiscales argentinos sostienen que los delitos investigados pueden ser juzgados en el país bajo el principio de jurisdicción universal, que permite investigar crímenes que afectan a la humanidad, independientemente del lugar donde se hayan cometido.
El pedido de extradición abre un escenario complejo en términos diplomáticos y judiciales, ya que el proceso dependerá de decisiones de tribunales extranjeros y de acuerdos internacionales vigentes. Especialistas advierten que este tipo de procedimientos suelen ser extensos y requieren evaluaciones políticas y legales en los países involucrados.
Hasta el momento, no se confirmó cuándo podría resolverse el planteo ni cuál será la respuesta de las autoridades internacionales ante el requerimiento formulado por la Justicia argentina.
