La Justicia Federal ordenó impedir el ingreso policial sin autorización a Filosofía y Letras de la UNT

La resolución prohíbe el hostigamiento y las detenciones arbitrarias en los predios de la UNT, tras los episodios denunciados el 15 y 16 de octubre.


El Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán hizo lugar al hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt), junto con representantes estudiantiles y no docentes de la Facultad de Filosofía y Letras. La presentación se realizó luego de las denuncias por el ingreso de efectivos policiales a esa unidad académica y presuntos episodios de intimidación contra estudiantes registrados el 15 y 16 de octubre.

El juez federal José Manuel Díaz Vélez ordenó prohibir el acercamiento, el hostigamiento y el ingreso no autorizado de efectivos de la Policía provincial a las instalaciones de Filosofía y Letras, así como a cualquier otro predio universitario y sus accesos directos, salvo que exista una orden legítima que lo habilite. También dispuso el cese inmediato de cualquier práctica intimidatoria o detención arbitraria contra estudiantes, docentes y trabajadores no docentes.

En su resolución, el magistrado consideró que las explicaciones brindadas por las autoridades policiales y el Ministerio de Seguridad no fueron suficientes para justificar los episodios denunciados. Entre otros puntos, señaló inconsistencias en las respuestas sobre el ingreso de cuatro efectivos de Infantería a la facultad el 16 de octubre y la falta de información para identificar al agente acusado de intimidar a un estudiante el día anterior.


Autonomía universitaria y el reclamo de Adiunt

El fallo sostuvo que la actuación policial dentro de la facultad habría sido ilegítima y que los hechos representaron una amenaza concreta para la libertad y la integridad física de integrantes de la comunidad universitaria. Además, recordó que el artículo 31 de la Ley de Educación Superior establece que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar en las universidades nacionales sin una orden judicial fundada o un pedido expreso de la autoridad universitaria legítima.

La decisión fue comunicada al Ministerio de Seguridad de la Provincia y a la Jefatura de Policía. Tras conocerse el pronunciamiento, Adiunt destacó el resultado de la presentación y reclamó que se investigue a los responsables. “La resolución favorable del hábeas corpus preventivo colectivo demuestra que nuestra denuncia estaba asentada en hechos reales”, afirmó Alejandra del Castillo, vocal del gremio en Filosofía y Letras.

La dirigente calificó los episodios como “acciones de violencia institucional” y consideró que el fallo representa “un paso adelante” en la defensa de la autonomía universitaria y el derecho a la protesta. Por su parte, la secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, denunció que la presencia policial también se habría registrado durante asambleas y reuniones gremiales. “Cada vez que la Adiunt realiza una asamblea general, tenemos a oficiales de la Policía provincial custodiando las puertas de nuestro gremio, la facultad o escuela donde decidimos hacer nuestra reunión”, sostuvo.

Los reclamos se originaron por dos episodios. El 15 de octubre, un estudiante denunció haber sido intimidado por un efectivo policial dentro de los sanitarios de la facultad. Al día siguiente, cuatro integrantes de la Guardia de Infantería ingresaron al establecimiento. En ese contexto, el decano Sergio Robín mantuvo una reunión con autoridades policiales y del Ministerio de Seguridad para abordar lo sucedido.

El conflicto universitario continúa

La resolución judicial se conoció en medio del conflicto salarial y presupuestario que atraviesa la Universidad Nacional de Tucumán. Los docentes llevan adelante un paro desde el miércoles 28 de octubre hasta el martes 3 de noviembre, cuando realizarán una concentración y clases públicas frente al Rectorado, ubicado en Ayacucho 491.

Con esta nueva medida, la UNT superará los 50 días de paro docente en lo que va del año. Los gremios sostienen que las protestas responden al deterioro de los salarios y al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Frente al ajuste del Gobierno nacional y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, seguimos defendiendo nuestros salarios, nuestras condiciones de trabajo y la universidad pública”, expresaron en la convocatoria.