El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 rechazó una solicitud que buscaba frenar los efectos de la derogación de la Ley de Tierras Rurales, cuya desregulación fue dispuesta por el presidente Javier Milei a través del DNU 70/2023. La presentación había sido impulsada por los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, quienes cuestionaron el alcance de la medida y plantearon que podría permitir nuevas operaciones inmobiliarias con participación extranjera.
El juez Enrique Alonso Regueira consideró que los legisladores no lograron acreditar, en esta instancia, la existencia de circunstancias graves que justificaran el dictado de una medida cautelar interina para suspender los efectos de la normativa. De esta manera, la desregulación continúa vigente mientras avanza el expediente judicial. El magistrado, además, otorgó al Poder Ejecutivo Nacional un plazo de cinco días hábiles para presentar un informe antes de resolver el pedido cautelar de fondo.
Pichetto y Massot habían advertido sobre las consecuencias que, según su planteo, podría generar la eliminación de las restricciones previstas por la Ley de Tierras Rurales. Los legisladores sostuvieron que la modificación normativa habilitaría compras de tierras por parte de extranjeros sin los límites establecidos por la legislación anterior y expresaron su preocupación por el impacto sobre el patrimonio nacional. “Mientras la Justicia demora, se pueden concretar ventas que generan un grave riesgo para el patrimonio nacional”, señalaron en su presentación.
Tras conocerse la decisión, Pichetto cuestionó el plazo otorgado por el juzgado y afirmó que había solicitado reducirlo de cinco a dos días. En paralelo, distintos sectores de la oposición impulsan una sesión especial prevista para el 15 de octubre, con el objetivo de avanzar en el tratamiento legislativo del DNU 70/2023. Mientras tanto, la Justicia deberá analizar los argumentos de las partes antes de definir si corresponde dictar una medida cautelar sobre la desregulación.
