La Universidad Nacional de Tucumán solicitó la nulidad de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que suspendió la candidatura del rector Sergio Pagani para un nuevo mandato consecutivo, en el marco de una disputa judicial que sacude el proceso electoral universitario.
A través de una presentación firmada por su apoderado, Jorge Chehín, la UNT cuestionó con dureza la medida cautelar dictada por la mayoría del tribunal y sostuvo que implicó una “indebida intervención judicial” sobre competencias propias de la autonomía universitaria.
El planteo se produjo luego de que los camaristas revocaran la decisión del juez federal Guillermo Díaz Martínez y ordenaran suspender la candidatura de Pagani, tras una apelación impulsada por los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, quienes sostienen que el Estatuto de la UNT impide un tercer mandato consecutivo.
En su presentación, la Universidad cuestionó tanto el procedimiento como los efectos de la resolución. Uno de los puntos centrales apunta a la incorporación de hechos nuevos durante la apelación sin que la institución pudiera ejercer control. Según Chehín, esos elementos fueron utilizados para fundamentar la decisión “sin sustanciación, sin traslado y sin permitir contradicción”.
Además, la UNT advirtió que la Cámara modificó el eje del litigio al construir la legitimación, la verosimilitud del derecho y la gravedad institucional sobre esos hechos no debatidos, lo que —según afirmó— vulnera garantías básicas del debido proceso.
Otro de los cuestionamientos se centra en la situación del propio Pagani. La Universidad sostuvo que la medida afecta directamente sus derechos políticos y electorales sin haber sido citado formalmente al expediente ni haber tenido oportunidad de ejercer su defensa.
En cuanto al impacto institucional, la UNT señaló que la cautelar produjo una “alteración fragmentaria y asimétrica” del cronograma electoral, al suspender únicamente la elección del rectorado mientras otras instancias del proceso ya se encuentran avanzadas o concluidas.
También cuestionó el alcance de la medida, al considerar que amplía los efectos respecto de lo solicitado originalmente por los demandantes, modificando el universo de personas alcanzadas.
En otro tramo, la presentación remarcó que el conflicto no compromete el funcionamiento general de la Universidad, que —según indicó— mantiene su capacidad de autogobierno y puede reorganizar el proceso electoral a través de sus propios órganos.
Uno de los pasajes más críticos del escrito sostiene que la cautelar “aparece como una medida expansiva, desproporcionada y gravemente invasiva del funcionamiento institucional universitario”, e incluso advierte que se transformó “materialmente en una decisión de gobierno universitario indirecto”, afectando la autonomía reconocida constitucionalmente.
La disputa se originó meses atrás, cuando los decanos Cabrera y Abdala promovieron una acción declarativa para impedir una eventual nueva candidatura de Pagani. En primera instancia, el planteo había sido rechazado, pero la Cámara Federal modificó ese criterio tras la oficialización de la candidatura.
Ahora, con este pedido de nulidad, la UNT busca revertir la medida, levantar la suspensión del proceso electoral y reencauzar la definición dentro de los mecanismos institucionales propios de la casa de estudios.
