El proyecto de Presupuesto 2027 abrió un nuevo frente de conflicto entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores. Las reuniones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo con los mandatarios provinciales, incluida la que sostuvo ayer con los mandatorios del norte, entre ellos Osvaldo Jaldo, no lograron desactivar el malestar por los cambios incorporados en la iniciativa vinculados con las prestaciones para personas con discapacidad.
Los gobernadores aliados están presionando para que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) retire esos artículos del proyecto. El reclamo se suma a las negociaciones que el ex PRO Santilli lleva adelante para conseguir respaldo parlamentario al Presupuesto y a las conversaciones por la reforma política, cuyo objetivo para el oficialismo es eliminar las PASO.
La discusión por discapacidad volvió a tomar fuerza, mientras en la Cámara de Diputados se desarrollaba una reunión de la comisión del área por la emergencia en discapacidad. En ese contexto comenzaron a conocerse los cambios incluidos en el proyecto presupuestario que, según interpreta la oposición y los representantes del sector, afectarían la universalidad y la accesibilidad de las prestaciones.
Los recortes en discapacidad ya habían generado diferencias entre el oficialismo y los gobernadores. Incluso, los mandatarios aliados no acompañaron esas votaciones. “A la cara la tenemos que poner nosotros, a las personas con discapacidad las tenemos que atender nosotros”, respondieron desde algunas gobernaciones, según consignó el diario “La Nación”.
A la tensión dentro de La Libertad Avanza por las “desinteligencias” en el manejo de las negociaciones se sumó ahora la presión de los gobernadores. También generó preocupación entre los mandatarios el planteo que recibieron cámaras de prestadores e instituciones educativas: fuentes libertarias les habrían adelantado que el transporte y la educación para personas con discapacidad pasarían a estar bajo responsabilidad de las provincias.
Hay expertos en salud que sostienen que esos dos servicios deberían quedar, al menos, bajo la órbita del área de Desarrollo Social. El oficialismo nacional, en cambio, se inclinaría por que no permanezcan en manos de la Nación.
Los antecedentes de la disputa
La Libertad Avanza ya tuvo varias derrotas en el Congreso nacional en cuestiones vinculadas con la discapacidad. Los vetos de Javier Milei fueron rechazados por la oposición, que logró reunir los dos tercios necesarios para sostener la ley de emergencia.
El proyecto de Presupuesto también generó tensión por la intención del Poder Ejecutivo nacional de modificar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares que paga la Anses.
Si el Congreso aprobara la iniciativa sin modificaciones, los incrementos dejarían de estar vinculados automáticamente con las subas de jubilaciones y pensiones y pasarían a depender de decisiones de la Casa Rosada.
“Son todos aspectos que golpean a lo social, que generan malestar en la gente. La AUH es una política de Estado, de las pocas que hay en el país. ¿Para qué cambiar algo que funciona? Si lo quieren hacer para mejor, que detallen cómo sería la actualización, que lo que proponen es superador. No lo hacen”, deslizó un mandatario, de acuerdo con la publicación del medio periodístico.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, también cuestionó el enfoque del gobierno libertario. “El equilibrio fiscal que tanto se defiende también tiene que ir acompañado de un equilibrio social. Los discapacitados no pueden ser tratados como una planilla de Excel. La paciencia se va acabando y se va agotando cuando vemos esta hipocresía y esta falta de consideración y de reciprocidad para con los gobernadores que acompañamos”, afirmó anoche en el canal porteño A24.
En paralelo, las negociaciones por la reforma política continúan. Patricia Bullrich sostuvo ayer que el oficialismo no tiene los números para eliminar las PASO, aunque dejó abierta la posibilidad de que sí pueda reunir los votos para avanzar con su suspensión.
