El proyecto de reforma laboral impulsado por la Nación ha encendido las alarmas en la Casa de Gobierno de Tucumán. El punto de mayor conflicto es la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, una medida que, de sancionarse, provocaría un “agujero” millonario en los recursos coparticipables de la provincia.
El costo del ajuste en números
Según un detallado informe del diputado nacional Guillermo Michel, la reforma implicaría una caída en la recaudación nacional de $3,1 billones (0,3% del PBI). Debido al sistema de Coparticipación Federal, $1,7 billones de ese recorte impactarían directamente en las arcas provinciales.
Para Tucumán, la cifra es crítica: dejaría de percibir $79.536 millones anuales. Este faltante pone en jaque el financiamiento de áreas sensibles como salud, educación y seguridad, además del normal funcionamiento del Estado provincial.
Jaldo y el frente del Norte Grande
Ante este escenario, Osvaldo Jaldo se ha alineado con sus pares de Salta y Catamarca para exigir previsibilidad. Si bien Tucumán fue la provincia más beneficiada por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en 2025 —recibió unos $35.000 millones—, ese monto no llega a cubrir ni la mitad de lo que se perdería con la nueva ley.
“Sobre la mesa están mecanismos de compensación que permitan sostener los servicios esenciales. El proceso de reformas debe contemplar la realidad fiscal de las provincias”, remarcó el mandatario tucumano.
Radiografía de un impuesto concentrado
El informe de Michel revela que el beneficio de la baja de alícuotas es extremadamente concentrado:
El 1% de las sociedades explica el 76% de la recaudación de Ganancias.
Apenas 144 grandes empresas concentran el 56% del total del tributo.
Para 2026, se proyectaba una recaudación de $48,4 billones, de los cuales el componente de sociedades caería de $34,3 a $31,7 billones con la reforma.
La negociación en el Congreso
El ministro del Interior, Diego Santilli, intensifica las reuniones para destrabar el proyecto. El Gobierno sabe que el respaldo en el Senado depende de resolver esta ecuación fiscal. Para Tucumán, el mensaje es claro: no habrá apoyo legislativo sin un esquema equitativo que garantice que el costo de la modernización laboral no lo paguen las finanzas de la provincia.
