Productores de cannabis con fines medicinales denunciaron ante la Justicia Federal el robo de alrededor de 15 plantas de un invernadero ubicado en Bella Vista, donde había una custodia policial dispuesta por orden judicial. Según la presentación realizada por los abogados Patricio Char y Candelaria Hernández, personas desconocidas ingresaron al predio durante la madrugada del domingo y se llevaron los ejemplares, pese a que el lugar debía permanecer bajo vigilancia.
El caso se remonta a septiembre, cuando efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas (Didrop) de Bella Vista detectaron una plantación de cannabis en el interior de una vivienda. En el invernadero había aproximadamente 200 ejemplares y fueron demorados los propietarios del inmueble, un hombre de 75 años y su pareja, de 67. Posteriormente, los responsables de la Fundación Bendita Planta se presentaron ante la Justicia para explicar que la organización cultivaba cannabis para terceros con fines medicinales y que contaba con documentación respaldatoria de las autorizaciones correspondientes.
La orden judicial para preservar las plantas
Los representantes de la fundación explicaron que la actividad se encuadra en la figura del tercero cultivador, que permite cultivar cannabis para otra persona bajo determinadas condiciones y con la autorización correspondiente. Para los cultivadores individuales, el régimen contempla hasta nueve plantas florecidas por paciente. Sin embargo, los productores sostienen que las demoras administrativas para tramitar o renovar permisos pueden extenderse durante varios meses.
Ante la presentación de la documentación, el juez federal José Manuel Díaz Vélez dispuso que el cultivo no fuera interrumpido mientras se aclaraba la situación legal. También ordenó establecer una custodia policial permanente para preservar los ejemplares hasta que se resolviera el caso. La decisión buscaba evitar que las plantas fueran retiradas o destruidas mientras avanzaba el expediente.
Cómo ingresaron al invernadero
Según la denuncia presentada por Char y Hernández, los autores del robo habrían accedido por la parte posterior del invernadero. Para hacerlo, levantaron un plástico, retiraron una doble red de protección y arrancaron de raíz alrededor de 15 plantas. Los abogados señalaron que los responsables tuvieron tiempo para desmontar las barreras y seleccionar los ejemplares sin ser interceptados.
En el escrito, los representantes de la fundación cuestionaron el desempeño del efectivo asignado a la custodia. De acuerdo con su relato, el policía se encontraba en un quincho situado a unos 20 metros del invernadero, donde se resguardaba de la lluvia. Los denunciantes afirmaron que el agente reconoció haber escuchado ladridos y pasos provenientes de la parte trasera del predio, pero que no acudió a tiempo ni inició una persecución.
La presentación sostiene que, cuando el efectivo inspeccionó el sector, encontró el plástico levantado y el interior del invernadero alterado. Para los denunciantes, el hecho de que el robo se concretara durante una custodia ordenada judicialmente representa un incumplimiento de la finalidad de protección que debía cumplir la consigna. La responsabilidad del personal policial deberá determinarse a partir de las actuaciones correspondientes.
Cuestionamientos por la difusión de la dirección
Los integrantes de la fundación también manifestaron su preocupación por la difusión pública de la dirección del inmueble. Según indicaron en la presentación, tomaron conocimiento de que el Ministerio de Seguridad de Tucumán había publicado ese dato en sus redes sociales. Los denunciantes consideraron que esa exposición pudo haber facilitado el ingreso de personas desconocidas y que, además, representó un riesgo para quienes viven en la propiedad.
En el escrito, los productores remarcaron que el robo no solo afectó el trabajo de mantenimiento y la inversión económica realizada, sino que también frustró la conservación de material que debía permanecer bajo resguardo judicial. Según sostuvieron, las plantas pertenecían a pacientes que las necesitaban con fines medicinales.
El conflicto por las autorizaciones de cannabis medicinal
El episodio se produce en medio de las diferencias entre productores de cannabis medicinal y autoridades encargadas de controlar la actividad. Desde hace meses, cultivadores que aseguran haber obtenido permisos, pero que no lograron renovarlos debido a demoras administrativas, cuestionan procedimientos policiales que terminan con el secuestro o la destrucción de sus plantas.
Abogados especializados en la regulación del cannabis plantean que algunas de estas situaciones deberían analizarse como infracciones administrativas y no necesariamente como delitos penales. Desde las autoridades, en cambio, sostienen que el cultivo debe ajustarse a la legislación vigente y contar con una autorización válida, y advierten que la falta de habilitación puede dar lugar a investigaciones por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.
El caso de Bella Vista presenta una particularidad: a diferencia de otros procedimientos, el juez dispuso que las plantas se conservaran y que se permitieran tareas como el riego mientras se resolvía la situación de fondo. Ahora, la denuncia por el robo abre nuevos interrogantes sobre la seguridad del predio, el cumplimiento de la custodia y la preservación de los ejemplares.
Los responsables de la Fundación Bendita Planta expresaron su malestar por lo ocurrido y reclamaron que se investigue el ingreso al invernadero, la sustracción de las plantas y las circunstancias en las que actuó el efectivo asignado. La Justicia deberá determinar quiénes fueron los responsables del robo y si existieron incumplimientos en las medidas de vigilancia dispuestas.
