Sobreseyeron definitivamente a las vecinas de Graneros denunciadas por la intendenta tras una protesta por las inundaciones

El juez Enrique Martín Cacici consideró que no había pruebas suficientes para acreditar las amenazas y los daños denunciados por Raquel Graneros. La causa involucraba a diez mujeres que habían reclamado asistencia social para las familias afectadas por las inundaciones.


La Justicia tucumana dispuso el sobreseimiento definitivo de las vecinas de Graneros que habían sido denunciadas penalmente por la intendenta Raquel Graneros, luego de una protesta realizada el pasado 28 de abril para reclamar asistencia social por las inundaciones que afectaron a esa localidad del sur provincial.

La resolución fue dictada este martes por el juez Enrique Martín Cacici, integrante del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Concepción, durante una audiencia oral. El magistrado entendió que los elementos incorporados a la investigación no alcanzaban para acreditar los delitos atribuidos a las mujeres ni establecer sus responsabilidades penales. Además, el plazo previsto para incorporar nuevas pruebas ya se encontraba agotado.

La causa había alcanzado a diez mujeres, entre ellas Margarita Díaz, Fátima Cardoso, Lorena Figueroa y Zulema Hernández. Las vecinas estuvieron representadas por el abogado Juan Pablo Molinuevo, mientras que la querella impulsada por la intendenta contó con la intervención de la abogada Paula Morales Soria.


Las cámaras de seguridad y las contradicciones de la denuncia

El conflicto comenzó cuando un grupo de mujeres intentó acercarse a Graneros a la salida de una misa en la Iglesia Inmaculada Concepción. Su objetivo era entregarle un petitorio para solicitar ayuda destinada a las familias damnificadas por las inundaciones.

Sin embargo, la intendenta denunció que había sido víctima de amenazas y agresiones. Según su versión, unas diez mujeres se le abalanzaron cuando salía del templo, provocaron daños en la camioneta de su hermano y la amenazaron de muerte, incluso con prender fuego su vivienda. La presentación también fue respaldada por su madre, la legisladora provincial Alejandra Cejas.

Las imágenes de las cámaras del Centro de Monitoreo municipal ofrecieron una reconstrucción diferente del episodio. De acuerdo con el análisis de esos registros, el contacto entre las mujeres y la jefa municipal duró aproximadamente 10 segundos. Las grabaciones mostraron que Graneros abordó el vehículo sin detenerse a recibir el petitorio y que los efectivos policiales intervinieron rápidamente.

Tampoco se observaron agresiones físicas ni golpes contra la camioneta. Otro dato señalado fue que el vehículo permaneció en el lugar menos de 30 segundos, en contraste con la versión que sostenía que las funcionarias habían estado retenidas durante aproximadamente diez minutos.

Las vecinas habían sido imputadas por presuntas amenazas, intimidaciones y daños, y debieron afrontar restricciones judiciales luego de una audiencia de formulación de cargos realizada el 2 de junio. Sin embargo, para el juez, las pruebas reunidas no permitieron sostener las acusaciones, por lo que resolvió cerrar definitivamente la causa.

La otra denuncia que enfrenta la intendenta

El sobreseimiento se conoce mientras Graneros afronta otra investigación judicial, esta vez por una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación fue realizada el 9 de junio por el legislador Manuel Courel, el concejal de Simoca Luis Escobar y el dirigente Luis Díaz Augier.

Los denunciantes solicitaron investigar la supuesta adquisición de una propiedad valuada en más de un millón de dólares en el country Las Yungas, en Yerba Buena. Según plantearon, la operación habría sido realizada en efectivo y reclamaron que se esclarezca el origen de los fondos utilizados.

El legislador Courel cuestionó la falta de avances y denunció un presunto “manto de impunidad” alrededor del expediente. “La realidad es que la causa no avanzó absolutamente nada. Ahí queda claro lo que es este sistema de impunidad que está cubriendo esta causa y a todo el sistema político de Tucumán”, expresó.

Hasta el momento, no se conoce una resolución judicial definitiva sobre las acusaciones contra la intendenta.