Dos ataques de perros registrados con pocas horas de diferencia en San Miguel de Tucumán volvieron a poner en discusión la responsabilidad de los propietarios y el marco penal vigente. A partir de estos episodios, el diputado nacional Juan Fernando Brügge reclamó que el Congreso avance con el tratamiento de un proyecto que propone agravar las penas por muertes y lesiones provocadas por perros potencialmente peligrosos. La iniciativa fue presentada el 12 de agosto bajo el expediente 3960-D-2026 y fue girada a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.
El planteo del legislador se conoció luego de los recientes casos ocurridos en la capital tucumana. En uno de ellos, un adolescente de 13 años sufrió graves heridas en una de sus piernas, mientras que en otro una niña de 2 años fue atacada por un perro de su familia y permanece internada en terapia intensiva, con lesiones de gravedad. Brügge sostuvo que estos episodios demuestran que la discusión no es solamente jurídica y reclamó una respuesta preventiva. “El Estado tiene que actuar antes, no solamente después de la tragedia”, afirmó el diputado, quien señaló que detrás de cada ataque hay familias que pueden quedar “marcadas para siempre”.
El proyecto parte de una premisa central: el animal no puede ser penalmente responsable, por lo que la responsabilidad debe recaer sobre quien tiene a su cargo su cuidado cuando existe una conducta negligente, imprudente o deliberada. La iniciativa diferencia distintos escenarios según la gravedad y las circunstancias del ataque. En los casos en los que una persona utilice deliberadamente un perro potencialmente peligroso para provocar la muerte de otra, propone incorporar una figura específica al Código Penal con penas de entre 8 y 25 años de prisión o reclusión. Para los casos en los que una muerte sea consecuencia de la negligencia, imprudencia o incumplimiento del deber de cuidado, plantea una figura de homicidio culposo agravado.
No se limitaría a determinadas razas
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que la eventual regulación no se limite a un listado de razas. El proyecto toma como referencia características objetivas del animal, como su contextura física, fuerza mandibular y capacidad concreta para provocar lesiones graves o la muerte. De esta manera, el criterio también podría alcanzar a ejemplares mestizos que reúnan esas características. El propio Brügge ya había planteado en iniciativas anteriores que la definición debía contemplar la capacidad física del animal y no únicamente su raza.
La propuesta también busca diferenciar las situaciones en las que existe una utilización deliberada del animal de aquellas en las que el ataque ocurre por falta de cuidado o control. Entre las conductas contempladas aparecen situaciones como permitir que un perro potencialmente peligroso permanezca fuera de un lugar seguro, circule sin las medidas necesarias o quede sin control, cuando esa conducta termine provocando lesiones o la muerte de una persona. En esos casos, la responsabilidad penal recaería sobre el propietario, tenedor o responsable del animal según las circunstancias concretas del hecho.
El expediente 3960-D-2026 permanece actualmente en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. La iniciativa todavía debe atravesar el tratamiento parlamentario correspondiente antes de convertirse eventualmente en ley. En ese marco, Brügge volvió a reclamar que el debate avance, mientras los recientes ataques registrados en Tucumán colocaron nuevamente en el centro de la discusión la prevención, la responsabilidad de los dueños y las consecuencias penales frente a los ataques de perros de gran porte.
