El Gobierno de Tucumán promulgó la Ley N.º 10.011, que establece un marco provincial para la ejecución y supervisión de las medidas y penas aplicadas a adolescentes en conflicto con la ley penal. La normativa, sancionada por la Legislatura el 30 de septiembre, fue publicada este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial N.º 31.305 y busca adecuar la organización institucional de la provincia al nuevo régimen nacional de responsabilidad penal juvenil.
La ley provincial se enmarca en la reforma impulsada a nivel nacional mediante la Ley N.º 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad penal. El nuevo régimen contempla la responsabilidad penal de adolescentes de entre 14 y 17 años, junto con procedimientos, garantías y mecanismos específicos para el tratamiento de los delitos atribuidos a personas menores de edad. La legislación nacional reemplazó el esquema establecido por la Ley N.º 22.278, vigente desde 1980, y dispuso la adecuación de las normas provinciales.
Entre los principales puntos de la legislación tucumana se encuentra la creación de un Cuerpo de Supervisores bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que tendrá a su cargo el seguimiento y control de las medidas judiciales dispuestas en el marco del régimen. La norma también contempla el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil «Cura Brochero», destinado al abordaje de adolescentes alcanzados por estas medidas.
Supervisión, educación y reinserción social
El nuevo esquema prevé una intervención especializada e interdisciplinaria, con atención a la educación, la salud, la contención y la reinserción social de los adolescentes. La finalidad es organizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y establecer mecanismos de acompañamiento que contribuyan a reducir la reincidencia y favorecer la integración social.
La implementación requerirá organizar equipos profesionales, adecuar las instituciones involucradas y coordinar acciones entre el Poder Judicial y los organismos provinciales competentes. La disponibilidad de recursos humanos especializados y de infraestructura será uno de los desafíos para poner en funcionamiento las disposiciones previstas.
En el ámbito nacional, la reforma también incorporó garantías procesales específicas, medidas alternativas y criterios diferenciados respecto del sistema penal de adultos, además de mecanismos de asistencia a las víctimas. El Gobierno nacional reglamentó la ley mediante el Decreto N.º 875/2026, que designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal y estableció mecanismos de coordinación con las provincias.
Con la promulgación de la Ley N.º 10.011, Tucumán formalizó su adecuación institucional al nuevo régimen. Su aplicación deberá articularse con los órganos judiciales especializados y las dependencias estatales responsables de la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal.
