El proceso judicial contra el secretario de Energía de la Provincia, Martín Sebastián Viola, sumó un nuevo capítulo y se encamina hacia una instancia decisiva. La querella rechazó de forma contundente la propuesta de reparación integral presentada por el funcionario y solicitó que la causa continúe, lo que aleja cualquier posibilidad de una resolución rápida.
La representante legal de la víctima calificó el planteo como “insuficiente” y “desproporcionado” frente a la gravedad de los hechos investigados: el presunto uso del DNI de otra persona para crear cuentas digitales desde las cuales se habrían difundido agravios contra terceros. Con esta oposición formal, el expediente podría pasar a una revisión jerárquica que habilite el avance hacia el procesamiento del funcionario.
La causa se originó tras el extravío del documento de identidad de Julián Echazú Toneatti en el edificio donde reside y donde también posee un departamento el propio Viola. Según la investigación encabezada por el fiscal federal Agustín Chit, los datos de ese DNI fueron utilizados para abrir una cuenta en el sitio web del diario La Gaceta y publicar mensajes ofensivos contra el funcionario municipal Alejandro Sangenis.
El vínculo entre la maniobra y Viola quedó bajo sospecha cuando se detectó que la suscripción digital utilizada para operar la cuenta fue abonada con su tarjeta de crédito personal. En un primer momento, la defensa del secretario de Energía intentó desligarlo alegando un supuesto hackeo, pero el avance de las pruebas técnicas debilitó esa estrategia y derivó en la presentación de una propuesta de mediación.
Sin embargo, el eje del conflicto radica en el contenido de esa reparación. La abogada querellante, Stella Belén Salas, cuestionó con dureza el pedido de disculpas difundido en redes sociales, al considerar que no cumple con la formalidad ni el alcance necesarios para reparar un daño producido en un medio de comunicación masivo.
También rechazó el ofrecimiento económico de cinco millones de pesos destinados a la Arquidiócesis y a los damnificados por inundaciones en el sur tucumano, pese a que la propuesta fue admitida por el Ministerio Público Fiscal. Para la querella, el monto resulta “absolutamente insuficiente” y constituye un intento de “comprar” el cierre de una causa que involucra delitos contra la fe pública y la identidad.
La postura de la víctima es firme: el proceso debe avanzar hasta una definición judicial de fondo. En esa línea, la representante legal solicitó la intervención de un fiscal revisor para evitar que el expediente se extinga mediante una vía que consideran inapropiada.
Además, advirtió que aceptar este tipo de acuerdos podría sentar un precedente negativo, en el que funcionarios públicos resuelvan acusaciones graves mediante donaciones simbólicas y disculpas de bajo impacto.
Ahora, el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, deberá definir la situación procesal de Viola en un caso que trascendió el plano individual y adquirió relevancia institucional. Lo que comenzó como el extravío de un DNI se transformó en un expediente con implicancias políticas y judiciales de alto impacto en la provincia.
