El diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli, rechazó formalmente la propuesta de juicio abreviado presentada por la defensa de Marcelo “Pichón” Segura, imputado por la agresión que sufrió el legislador durante una recorrida solidaria en la ciudad de La Madrid, en medio de las inundaciones.
En un escrito presentado ante la Unidad Fiscal de Homicidios del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, la querella consideró inadmisible la propuesta de la defensa, que planteaba cerrar el proceso con una pena de tres años de prisión de ejecución condicional mediante un procedimiento abreviado.
Según el planteo, firmado por el abogado querellante Juan Colombres Garmendia (h), la salida alternativa resulta improcedente tanto por el estado de la investigación como por la gravedad del hecho investigado.
“La gravedad de la conducta desplegada no sólo se vincula con la magnitud de las lesiones y el modo de ejecución, sino también con sus consecuencias institucionales”, sostuvo la presentación.
El ataque al diputado
El hecho ocurrió el 11 de marzo de 2026, cuando Pelli participaba de una recorrida junto a dirigentes políticos sobre la ruta nacional 157, en cercanías de La Madrid, para entregar donaciones a personas afectadas por las inundaciones.
De acuerdo con la imputación fiscal, el grupo fue interceptado por Segura y otras personas aún no identificadas. En ese contexto, el acusado habría atacado sorpresivamente al legislador, propinándole un cabezazo en el rostro mientras este sostenía bolsas con donaciones.
Como consecuencia del golpe, Pelli sufrió fracturas en el tabique nasal y en el hueso propio de la nariz, lesiones que requirieron intervención quirúrgica y una recuperación superior a los 30 días.
Por estos hechos, Segura fue imputado por lesiones graves agravadas por alevosía, delito que prevé penas de entre tres y diez años de prisión.
Rechazo al acuerdo
En su presentación, la querella sostuvo que la condena condicional resulta incompatible con la gravedad del caso y pidió que, de avanzar en un acuerdo, la pena sea de cumplimiento efectivo.
También cuestionó los argumentos de la defensa sobre la inexistencia de riesgos procesales, recordando que el imputado se encuentra bajo medidas de coerción por riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.
Además, señaló que la causa aún tiene medidas de prueba pendientes, entre ellas la identificación de otros presuntos participantes del ataque, la localización de un teléfono celular vinculado al acusado y diversas pericias médicas.
El escrito remarcó finalmente que el hecho adquiere especial relevancia institucional al tratarse de una agresión contra un diputado nacional durante el ejercicio de una actividad pública. En ese sentido, la querella consideró que un cierre con pena en suspenso sería incompatible con la gravedad del caso.
