Apenas a unas horas de que los jueces dicten la esperada sentencia que podría cerrar la etapa material del crimen de Paulina Lebbos, una presentación judicial sacudió los cimientos de los Tribunales penales de Tucumán. Alberto Lebbossolicitó formalmente el apartamiento del fiscal de Cámara, Carlos Sale, y exigió la nulidad parcial de su alegato, puntualmente en lo que respecta al desistimiento de la acusación contra Sergio Kaleñuk.
El escrito, elaborado junto al abogado querellante Juan Emilio Abraham Musi, califica la decisión del representante del Ministerio Público como un acto “antojadizo y caprichoso”. Según la querella, Sale no cumplió con su deber de objetividad al omitir de forma deliberada el análisis de pruebas clave, vulnerando el derecho de la víctima a una tutela judicial efectiva.
Por este motivo, la familia exige que se designe a un nuevo funcionario fiscal en un plazo de 24 horas para que formule una conclusión ajustada a derecho antes de que se emita el veredicto definitivo.
“Juez y parte”: las duras críticas a la Fiscalía
La presentación fue elevada a la Sala III, integrada por los magistrados Gustavo Romagnoli, Luis Morales Lezica y Fabián Fradejas. En ella, Lebbos argumenta que el abandono de la pretensión punitiva contra Kaleñuk carece de la fundamentación lógica y legal que exige la normativa procesal, viciando el acto de nulidad absoluta.
El enojo de la familia se potenció tras la última jornada de alegatos, donde el fiscal pidió la pena de prisión perpetua para César Soto (expareja de Paulina), pero decidió exculpar a Kaleñuk argumentando una supuesta “orfandad probatoria”. Para el abogado Abraham Musi, el fiscal incurrió en un “oscurantismo procesal”, afirmando que “no resulta lógico pensar que, con su sola decisión, el fiscal pueda, sin contralor alguno, decidir la suerte del proceso… y convertirse en juez y parte”.
Los teléfonos y la “maquinaria de impunidad”
En el documento, Lebbos resalta que la responsabilidad de Kaleñuk no es una invención reciente, sino que surge de sentencias de juicios anteriores que ordenaron investigarlo como el “motor y timón de una red de encubrimiento que se mantiene hasta hoy”.
La querella hizo especial énfasis en las pruebas tecnológicas ignoradas por el fiscal. Los registros telefónicos ubican a Kaleñuk en sincronía geográfica con los últimos movimientos del celular de Paulina la mañana de su desaparición. “A las 10:25, el teléfono celular de Paulina Lebbos realizó una consulta de saldo desde esa misma ubicación exacta” donde impactaba la línea del imputado, detalla el escrito.
Además, Lebbos vinculó este accionar de la fiscalía con la “parálisis sistemática” de otras 24 causas conexas derivadas del expediente principal. Asegura que este hermetismo impidió identificar a los responsables de la manipulación de pruebas biológicas, consolidando la histórica impunidad del caso en Tucumán.
Perspectiva de género y advertencia internacional
El planteo subraya que, al tratarse de un crimen contra una mujer, el Estado tiene la obligación de aplicar una “debida diligencia reforzada”. La querella sostiene que “en los crímenes de género no hay ni habrá una prueba directa”, por lo que los jueces deben fallar basándose en indicios graves y concordantes que, para ellos, apuntan inequívocamente hacia Kaleñuk.
El escrito advierte a los jueces que “la impunidad envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada”. Además, cuestiona graves irregularidades procesales durante el debate, como el haberle dado a los acusados las “últimas palabras” antes de los alegatos, y el rol “excesivamente activo” del Tribunal interrogando a testigos vinculados a Kaleñuk.
Tras 20 años de lucha contra el encubrimiento del poder político y policial de Tucumán, la familia Lebbos dejó asentada la reserva para acudir a tribunales internacionales si el Tribunal convalida lo actuado por el fiscal Sale. Ahora, la pelota está en la cancha de los jueces Fradejas, Romagnoli y Morales Lezica, quienes tienen en sus manos la decisión final que mantendrá en vilo a toda la provincia.
