La discusión por los recursos del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno provincial y el municipio de Concepción. Mientras el intendente Alejandro Molinuevo denunció una deuda millonaria, desde la administración de Osvaldo Jaldo salieron a rechazar de plano la acusación.
Según había planteado la Municipalidad, la Provincia adeuda cerca de $1.300 millones correspondientes a marzo y abril, fondos que -aseguraron- deberían haberse transferido de manera automática mediante el sistema de goteo diario previsto en la Ley N.º 6650.
Sin embargo, desde la Secretaría de Hacienda provincial desmintieron esa versión y aseguraron que “no se registran atrasos” en las transferencias. En esa línea, explicaron que el FDI correspondiente a abril ya fue devengado, al igual que en el resto de los municipios, y que los depósitos se realizan conforme al esquema vigente: alrededor del día 15 del mes siguiente, es decir, durante mayo.
Además de negar la deuda, desde el área económica deslizaron cuestionamientos hacia el planteo del jefe municipal. Indicaron que desconocen los motivos de las declaraciones de Molinuevo, aunque sugirieron que podrían estar vinculadas a pedidos de adelanto de fondos, una modalidad que -según remarcaron- no está contemplada en la normativa actual.
La polémica se intensificó luego de que el municipio difundiera un comunicado oficial insistiendo en la existencia de la deuda y sosteniendo que los recursos “deberían haber ingresado en tiempo y forma” a las arcas locales. En ese documento, el Ejecutivo de Concepción aseguró haber realizado gestiones ante distintos organismos para reclamar los fondos que considera corresponden “por derecho a cada vecino”.
El cruce no es solo a una discusión técnica sobre transferencias, sino que se inscribe en un escenario político más amplio. En las últimas semanas, Molinuevo reforzó su cercanía con sectores opositores al oficialismo provincial, en particular con el espacio libertario que a nivel nacional encabeza Javier Milei.
En ese contexto, la disputa por el FDI refleja la tensión creciente entre el Gobierno provincial y dirigentes alineados con la oposición, en medio de un debate más amplio sobre la distribución de recursos y la autonomía financiera de los municipios del interior.
