La situación financiera de los hogares argentinos atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas. Según datos del sistema financiero, la morosidad en el cumplimiento de préstamos y compromisos crediticios alcanzó el 11,2% en febrero, consolidando 16 meses consecutivos de aumento y superando incluso los niveles registrados durante la pandemia.
Se trata del valor más alto desde 2004, un indicador que refleja con claridad el impacto del deterioro económico sobre la vida cotidiana. La suba de la morosidad responde a un escenario contractivo generalizado, marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la caída del empleo formal privado y el cierre sostenido de pequeñas y medianas empresas.
En paralelo, el Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) también evidenció el deterioro: acumuló 10 meses consecutivos en alza y alcanzó los 5,1 puntos, ubicando a los hogares dentro del rango técnico de “Fragilidad Familiar”. Este dato expone el creciente desacople entre las variables macroeconómicas y la realidad diaria de la población.
El fenómeno impacta de manera transversal en todo el sistema financiero, afectando tanto a bancos como a plataformas de crédito. Cada vez más familias enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones, en un contexto donde el endeudamiento se vuelve una herramienta para sostener gastos básicos.
Desde la oposición, el diputado nacional Nicolás Trotta advirtió sobre la gravedad del escenario: “La morosidad récord muestra que cada vez más familias tienen dificultades para sostener sus gastos y cumplir con sus compromisos. Detrás de este dato hay hogares que hacen cuentas todos los días y viven con incertidumbre sobre cómo llegar a fin de mes”.
Los analistas coinciden en que el deterioro se concentra especialmente en los créditos de consumo y de bajo monto, lo que revela que una parte creciente de la población recurre a financiamiento para cubrir necesidades esenciales.
