La tercera audiencia del juicio oral contra Daniel Edgardo Chavarría, exsargento primero de la Policía de Tucumán, tuvo este miércoles como protagonistas a varios puesteros de una galería comercial ubicada en la zona de El Bajo. Los comerciantes declararon ante la Justicia y brindaron detalles sobre distintas operaciones que, según la acusación, habrían terminado provocándoles un perjuicio económico.
Durante la jornada, los testigos describieron operaciones relacionadas con alquileres, renovaciones de contratos y comercialización de puestos. Sus declaraciones forman parte de la prueba presentada por el Ministerio Fiscal para respaldar la acusación contra el exefectivo.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila. En representación del Ministerio Público intervienen la auxiliar de fiscal Emely Rafael y la investigadora Florencia Giménez Saravia.
Según la teoría del caso, Chavarría habría aprovechado la confianza que propietarios y comerciantes depositaban en él para cobrar adelantos de alquiler y renovaciones contractuales correspondientes a 2024. Esas operaciones, sostiene la fiscalía, habrían generado un perjuicio patrimonial tanto para los feriantes como para la empresa propietaria del paseo comercial.
Además, se le atribuye haber aparentado contar con facultades para comercializar locales que todavía se encontraban en construcción. De acuerdo con la acusación, mediante esa modalidad habría concretado la venta de distintos puestos y recibido dinero de personas que consideraban que estaban realizando operaciones legítimas.
Una acusación por un supuesto plan sistemático
Durante los alegatos de apertura, el Ministerio Fiscal sostuvo que el acusado habría llevado adelante un plan sistemático y destacó que existe una pluralidad de víctimas que se presentaron para denunciar las maniobras.
Entre los elementos incorporados al debate se encuentra una pericia caligráfica realizada por la Dirección de Análisis Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). El estudio se efectuó sobre talonarios y recibos manuscritos que llevaban la firma del imputado.
Chavarría está acusado como presunto autor del delito de abuso de confianza, en concurso real con estafas reiteradas.
La fiscalía adelantó que solicitará una pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo en caso de que el tribunal considere acreditados los hechos que se le atribuyen.
El debate oral es conducido por la jueza María Alejandra Balcázar y continuará con la incorporación de nuevos testimonios y elementos de prueba.
