El juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez, de 25 años, comenzó con versiones enfrentadas sobre las circunstancias de su muerte y la presunta participación de los tres acusados. Durante los alegatos de apertura, el fiscal Pedro Gallo solicitó prisión perpetua para Felipe “El Militar” Sosa, señalado como autor del femicidio, y seis años de prisión para Justina Gordillo y Jorge “Chicho” Díaz, imputados por encubrimiento.
La acusación sostiene que Érika fue asesinada a golpes durante la madrugada del 7 de enero en la vivienda de Sosa, en Yerba Buena, y que posteriormente su cuerpo fue trasladado hasta un descampado de Manantial Sur. Las defensas rechazaron las imputaciones y anticiparon que cuestionarán las pruebas y la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía.
El debate está a cargo de un tribunal integrado por María Laura Mibelli, Gonzalo Ortega y Eliana Gómez Moreira, que deberá analizar los testimonios, las pericias y la documentación incorporada a la causa antes de dictar sentencia.
La Fiscalía sostiene que Sosa asesinó a Érika y recibió ayuda para ocultar el crimen
El fiscal Pedro Gallo ratificó la hipótesis de que Sosa, de 51 años, mató a la joven y luego trasladó su cuerpo para ocultar lo ocurrido. Por esos hechos, pidió que sea condenado a prisión perpetua por femicidio.
Gallo también acusó a Justina Gordillo, de 48 años, empleada judicial y expareja de Sosa, de haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo, la eliminación de rastros y el suministro de información al principal imputado. Además, sostuvo que habría intentado obtener un beneficio económico. Por estos hechos, solicitó seis años de prisión por encubrimiento triplemente agravado.
La misma pena pidió para Jorge “Chicho” Díaz, empleado de confianza de Sosa, a quien la Fiscalía atribuye haber eliminado pruebas y escondido un arma de fuego que habría recibido del principal acusado. Durante su exposición, Gallo recordó que Nicolás Navarro Flores, otro de los involucrados en la causa, ya fue condenado a tres años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado.
El fiscal anticipó que presentará testimonios, pericias y otras evidencias para sostener su hipótesis. La querella, representada por Carlos Garmendia en nombre de los padres de Érika, respaldó la acusación y consideró contundentes las pruebas reunidas durante la investigación.
La defensa de “El Militar” niega el asesinato y cuestiona las pericias
La estrategia de Felipe Sosa estará centrada en negar su responsabilidad en la muerte de Érika y discutir las conclusiones de los estudios forenses. Su abogado, Marcelo Cosiansi, quien trabaja junto a Rubén Flores, afirmó durante la audiencia: “Sosa no mató a Érika y eso lo vamos a probar”.
Cosiansi sostuvo que tres médicos llegaron a conclusiones diferentes al analizar las circunstancias de la muerte y adelantó que la defensa utilizará esas discrepancias para cuestionar la hipótesis de la Fiscalía. No descartó que la joven haya fallecido dentro de la vivienda de Sosa, pero negó que su defendido haya sido quien le provocó la muerte.
El abogado también planteó que durante la investigación no se habría profundizado una posible vinculación de la víctima con una persona relacionada con el narcotráfico. Según la versión defensiva, Sosa habría entrado en pánico después de conocer lo sucedido y decidió ocultar el cuerpo por temor a represalias. Esta explicación constituye una hipótesis de la defensa que deberá ser evaluada durante el juicio.
Gordillo negó haber participado en el ocultamiento del cuerpo
Los abogados María Florencia Abdala y Camilo Atim rechazaron las acusaciones contra Gordillo y anticiparon que buscarán demostrar que no participó en las maniobras de encubrimiento que le atribuye la Fiscalía.
Atim sostuvo que, según la reconstrucción de los investigadores, el cuerpo de Érika habría sido abandonado mientras su defendida se encontraba trabajando. También señaló que los ingresos y egresos de Gordillo a la vivienda de Sosa se habrían producido después del momento en que, de acuerdo con la acusación, el cuerpo ya había sido trasladado.
Respecto de una camioneta vinculada al caso, la defensa afirmó que Gordillo solamente la retiró de un lavadero y la estacionó en la casa de Sosa por pedido de él. Abdala, por su parte, rechazó que su defendida hubiera participado en un supuesto plan de fuga y explicó que el viaje a Buenos Aires con las dos hijas de Sosa estaba organizado con anterioridad.
La abogada también cuestionó la interpretación fiscal sobre una motocicleta y determinados movimientos económicos. Sostuvo que la moto había sido adquirida y utilizada por Sosa, aunque estaba registrada a nombre de Gordillo, y que un poder firmado por su defendida respondía a un proyecto familiar. Sobre una extracción de un millón de pesos, afirmó que el dinero habría sido destinado a reservar un departamento.
“Chicho” Díaz asegura que solo cumplió órdenes laborales
El defensor de Jorge “Chicho” Díaz, Juan Pablo Bello, también rechazó la acusación de encubrimiento. Sostuvo que su defendido se encontraba en la vivienda de Sosa por motivos laborales y que las actividades que realizó respondían a tareas previamente acordadas.
Según explicó, Díaz había concurrido el 6 de enero para cambiar las cubiertas de una motocicleta y coordinado regresar al día siguiente para colocarlas y cortar el césped. El abogado afirmó que su defendido volvió a la propiedad porque había olvidado su teléfono celular.
Sobre el arma mencionada por la Fiscalía, Bello sostuvo que Díaz únicamente trasladó una escopeta hasta la base de una agencia de seguridad por indicación de su empleador. La defensa intentará demostrar que esos movimientos respondieron a tareas laborales y que no existió intención de ocultar pruebas.
Las pruebas que definirán el juicio
El debate estará centrado en la reconstrucción de la muerte de Érika, las conclusiones de las pericias médicas y las conductas que se les atribuyen a los acusados después del hecho.
Mientras la Fiscalía buscará acreditar el femicidio y las maniobras de encubrimiento, las defensas intentarán desacreditar esa reconstrucción y sostener sus propias explicaciones. Los jueces deberán evaluar las pruebas que se produzcan durante las audiencias para determinar las responsabilidades penales.
Hasta que se dicte una sentencia, los tres acusados conservan la presunción de inocencia.
