Una mujer trans de 33 años, conocida como “Celeste”, quedó bajo prisión preventiva por cuatro meses, acusada de una serie de hechos que habrían afectado el funcionamiento de la Justicia, la Asistencia Pública y las fuerzas de seguridad. La medida fue solicitada por el auxiliar fiscal Elías Acuña, en representación de la Unidad Fiscal Criminal I, a cargo de Mariano Fernández, tras denuncias presentadas por personal policial, la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia y la directora del centro de salud.
Uno de los episodios denunciados ocurrió el miércoles 7 de octubre, alrededor de las 11.30, en la intersección de pasaje Vélez Sársfield y 9 de Julio. Según la acusación fiscal, la mujer circulaba con la parte superior de su vestimenta descubierta y, al ser abordada por efectivos policiales, comenzó a agredirlos con piedras y otros objetos contundentes. También habría amenazado a los uniformados.
La imputación incluye otros dos episodios ocurridos en el Palacio de Tribunales, los viernes 9 y sábado 17 de octubre. De acuerdo con la Fiscalía, la mujer habría saltado una reja perimetral y se habría dirigido hacia una ventana del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la Segunda Nominación, donde se tramita una causa vinculada con su capacidad. El personal policial intervino para contenerla y retirarla del lugar.
Además, se le atribuyen incidentes en la Asistencia Pública los días 20, 21 y 26 de agosto. Según la hipótesis fiscal, habría provocado disturbios en el sector de admisión y la sala de espera, con gritos e insultos dirigidos al personal, a pacientes y a la directora del establecimiento. “Los voy a matar a todos si no me atienden”, habría expresado en una de esas ocasiones.
Los argumentos de la Fiscalía y sus antecedentes
Durante la audiencia, Acuña sostuvo que los episodios denunciados representan un riesgo para el funcionamiento de los organismos públicos y para la integridad de quienes trabajan o concurren a ellos. “Los hostigamientos en cada una de estas reparticiones atentan contra el normal funcionamiento de esos servicios”, afirmó.
El auxiliar fiscal también señaló que una junta médica determinó que la imputada presenta un trastorno de personalidad, aunque, según explicó, esa condición no afectaría su capacidad para comprender sus actos. En ese marco, sostuvo que debe garantizarse el tratamiento psicológico y psiquiátrico que necesite, junto con la medida de coerción dispuesta.
El caso tiene antecedentes judiciales. En 2013, Celeste denunció que fue detenida ilegalmente en su domicilio mientras se duchaba y trasladada a una celda de hombres en la comisaría cuarta, donde afirmó haber sufrido abusos por parte de internos y policías. Esa parte de la denuncia no llegó a sentencia debido a deficiencias en la investigación, mientras que dos efectivos fueron condenados por la detención ilegal.
En años posteriores, la mujer estuvo involucrada en otros hechos judiciales. Según los antecedentes consignados, en 2021 apuñaló a una trabajadora de un hotel céntrico y recibió otras tres condenas, dos de ellas por robo.
Tras la decisión judicial, Celeste será examinada por el Cuerpo Médico Forense y posteriormente derivada al Hospital del Carmen. Allí deberán determinar el tratamiento que requiere y las condiciones para su alojamiento.
