Tres declaraciones incorporadas al juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez aportaron nuevos elementos sobre las actividades de Felipe “El Militar” Sosa durante los días posteriores al crimen. Según los testimonios, el acusado retiró $57 millones de distintas entidades bancarias, llevó su camioneta a un lavadero para realizar una limpieza profunda y compró una motocicleta de alta gama con la que posteriormente viajó a Buenos Aires, donde fue detenido. Para la Fiscalía, estos movimientos permiten profundizar la hipótesis de una posible fuga y reconstruir las decisiones que tomó antes de abandonar Tucumán.
Uno de los testimonios centrales fue el de Patricio Graels, propietario de un lavadero ubicado en la intersección de Lola Mora y Perú, en Yerba Buena. El comerciante confirmó que Sosa llevó una Volkswagen Amarok el 8 de enero y solicitó un servicio especial de limpieza interior. Por ese trabajo, que incluía lavado, aspirado exhaustivo y limpieza de los asientos y habitáculos, el acusado pagó $21.000. La declaración cobró relevancia porque, de acuerdo con la hipótesis de los investigadores y el análisis de las cámaras de seguridad, esa camioneta habría sido utilizada para trasladar el cuerpo de Érika hasta el descampado donde fue encontrado. El sector trasero del vehículo habría sido una de las áreas comprendidas en el servicio solicitado.
Otro elemento incorporado al debate fue la compra de una motocicleta KTM, concretada el 9 de enero, un día antes del viaje de Sosa a Buenos Aires. Juan Carlos Yácumo, empleado de la concesionaria, relató que el acusado había concurrido inicialmente para retirar una llave de otra motocicleta y que, durante esa visita, le ofrecieron cambiar el rodado por un modelo más reciente. La operación se cerró con la entrega de la moto anterior, un pago de $4 millones en efectivo y la firma de un documento por U$S 10.000, correspondiente al saldo pendiente y a la indumentaria especial que también adquirió. El testigo indicó que esa deuda fue cancelada posteriormente por el padre de Sosa, durante marzo.
Yácumo confirmó que, por pedido del comprador, la nueva motocicleta fue registrada a nombre de Justina Gordillo, ex pareja de Sosa y también acusada en el proceso por encubrimiento. Sin embargo, aclaró que es habitual que los compradores de vehículos de alta gama los inscriban a nombre de sus parejas o de empresas propias. Para la Fiscalía, la fecha de la operación y la adquisición del equipamiento para viajar son circunstancias relevantes, ya que Sosa abandonó Tucumán al día siguiente. El fiscal Pedro Gallo sostiene que el desplazamiento tuvo como finalidad evitar la intervención de la Justicia y considera que la compra podría respaldar la hipótesis de que el viaje había sido planificado.
La tercera declaración relevante fue la del contador Rodolfo Del Pino, perito del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF), quien examinó los movimientos bancarios de Sosa y Gordillo entre el 7 y el 16 de enero. El especialista informó que el 8 de enero, un día después del crimen, el principal acusado realizó tres operaciones en distintas entidades bancarias de Tucumán y retiró por ventanilla un total de $57 millones. Los investigadores sospechan que ese dinero, proveniente de empresas vinculadas con Sosa, pudo haber sido utilizado para financiar su salida de la provincia.
El análisis de las cuentas de Gordillo, en cambio, mostró una actividad financiera considerablemente menor. Según Del Pino, durante el período investigado se registraron solamente dos movimientos en su cuenta sueldo, por un total de $910.000. El perito indicó que no recibió transferencias y que los ingresos detectados correspondieron exclusivamente a sus haberes como empleada del Poder Judicial. Estos datos fueron utilizados por los abogados de la mujer para cuestionar la hipótesis de que hubiera obtenido un beneficio económico por las presuntas maniobras de encubrimiento.
Durante la audiencia también declaró Marcos Vidal, dedicado a la compraventa de motocicletas usadas. El testigo relató que en julio de 2025 Gordillo lo había contactado para solicitar una tasación del vehículo que Sosa pretendía vender. Explicó que conocía a la acusada por su amistad de infancia con el exmarido de ella y aseguró que nunca había sabido que Gordillo fuera aficionada a las motocicletas o tuviera una propia. Por el contrario, sostuvo que sabía que el rodado pertenecía a su nueva pareja.
Las declaraciones generaron interpretaciones contrapuestas entre las partes. María Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de Gordillo, consideraron que los testimonios fortalecieron su postura y permitieron establecer que las decisiones vinculadas con la camioneta, la motocicleta y los movimientos de dinero fueron tomadas por Sosa. Remarcaron que fue el acusado quien llevó la Amarok al lavadero y solicitó la limpieza especial, mientras que a Gordillo se le atribuye haber retirado posteriormente el vehículo. A criterio de la defensa, esa circunstancia no alcanza para demostrar que la mujer haya participado de una maniobra de encubrimiento.
Los abogados también destacaron que el análisis bancario no detectó extracciones millonarias ni transferencias de las empresas de Sosa hacia la cuenta de su representada. Respecto de la KTM, argumentaron que el hecho de que estuviera registrada a nombre de Gordillo no demuestra que ella fuera la verdadera propietaria ni que hubiera obtenido un beneficio patrimonial, ya que fue Sosa quien negoció la compra, realizó los pagos, retiró el vehículo y lo utilizó para viajar a Buenos Aires. Con estos argumentos, buscan cuestionar la existencia de una finalidad de lucro atribuible a Gordillo, un aspecto relevante para determinar si podría invocar la excusa absolutoria prevista por la legislación penal para determinados supuestos de encubrimiento.
La Fiscalía y la querella, sin embargo, no compartieron esa interpretación. Gallo evitó realizar una evaluación pública de los testimonios y señaló que todavía restan declaraciones por incorporarse al debate. Por su parte, Carlos Garmendia, abogado de la familia de Érika, sostuvo que los elementos presentados no modifican sustancialmente la acusación contra Gordillo. El querellante recordó que la imputación no sostiene que la mujer haya llevado la camioneta al lavadero, sino que posteriormente fue a retirarla. También advirtió que la información bancaria analizada hasta el momento es parcial y que todavía deben declarar otras personas que podrían aportar datos para completar la reconstrucción de los hechos.
El debate oral es conducido por los jueces Eliana Gómez Moreira, Gonzalo Ortega y María Valeria Mibelli, quienes deberán evaluar las declaraciones junto con el resto de las pruebas antes de resolver las responsabilidades penales. Por cuestiones vinculadas con la agenda del tribunal y la existencia de una jornada inhábil, las audiencias se reanudarán el próximo miércoles. A partir de entonces comenzarán a declarar los peritos que participaron en algunas de las tareas centrales de la investigación, cuyos informes podrían aportar nuevos elementos para reconstruir las circunstancias del crimen y los movimientos posteriores de los acusados.


