El Gobierno de Tucumán decidió avanzar con un endurecimiento de las medidas frente a las amenazas de tiroteos que generaron alarma en distintos establecimientos educativos de la provincia. A través del Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad, la gestión provincial dispuso una batería de acciones que apuntan tanto a la prevención como a la sanción de los responsables.
La decisión fue tomada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien instruyó al Ministerio de Seguridad —a cargo de Eugenio Agüero Gamboa— y a la Policía a intensificar los operativos de control, disuasión e intervención, tanto dentro como fuera de los establecimientos escolares.
El decreto establece que los alumnos que participen en amenazas, actos de vandalismo o situaciones que alteren el normal desarrollo de las actividades educativas podrán ser aprehendidos y trasladados al Instituto Padre Brochero, ubicado en Benjamín Paz. Además, se contempla la expulsión del sistema educativo durante el ciclo lectivo vigente.
La normativa también introduce un punto clave: la responsabilidad de los padres y tutores. Según se detalla, deberán responder ante la Justicia por las conductas de los menores a su cargo, en una señal clara de endurecimiento del enfoque oficial frente a este tipo de hechos.
En paralelo, el Gobierno advirtió que los establecimientos educativos —tanto públicos como privados— serán responsables del cuidado de los alumnos. En caso de incumplimiento, podrían enfrentar sanciones severas, incluida la pérdida de subsidios o aportes estatales.
Desde el Ejecutivo remarcaron que las recientes amenazas —que incluyeron advertencias de tiroteos y hasta falsas alarmas de bomba— generaron un estado de alerta en la comunidad educativa, por lo que consideraron necesario adoptar “enérgicas medidas sancionatorias”.
El decreto además retoma antecedentes de 2024, cuando se implementaron disposiciones similares para frenar peleas callejeras entre estudiantes, las cuales, según el Gobierno, permitieron reducir situaciones de violencia y prevenir hechos de mayor gravedad.
Con esta nueva normativa ya en vigencia, la Provincia busca dar una respuesta inmediata a los episodios detectados en instituciones como los colegios Guillermina y San Francisco, y envía un mensaje contundente: las amenazas no serán tratadas como bromas, sino como delitos.
