Dos empleados del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Subsidio de Salud) fueron aprehendidos en el marco de una causa que investiga la presunta emisión de certificados de discapacidad falsificados, en una maniobra que habría tenido como objetivo ampliar de manera irregular las coberturas médicas de afiliados.
La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, bajo la conducción de la fiscal Mariana Rivadeneira, junto a la secretaria Brenda Deroy y el auxiliar de fiscal Federico Lizárraga.
Según fuentes judiciales, la causa se inició a partir de denuncias presentadas por la Asesoría Letrada del Subsidio de Salud, representada por su subdirectora, Lucía Rodríguez Martín, además de presentaciones realizadas por afiliados de la obra social. A partir de estos elementos, se dispusieron distintas medidas investigativas, entre ellas el entrecruzamiento de datos entre diferentes áreas del organismo.
En ese contexto, este miércoles se llevó a cabo un operativo en la sede del Subsidio de Salud, ubicada en calle Las Piedras 530, en San Miguel de Tucumán. Del procedimiento participó personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que actuó bajo orden judicial.
Durante el operativo se requisó a cinco empleados sospechados, con el objetivo de preservar posibles pruebas en sus dispositivos móviles. En el lugar fueron inspeccionados tres de ellos, se secuestraron sus teléfonos celulares y se dispuso la aprehensión de dos trabajadores. Posteriormente, se realizaron allanamientos en sus domicilios, donde también se incautaron dispositivos de almacenamiento que ahora serán peritados.
La maniobra bajo sospecha
La causa incluye al menos cuatro denuncias vinculadas a la presunta manipulación de trámites relacionados con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En uno de los casos, un afiliado relató que acudió al organismo para gestionar una prótesis destinada a su padre. En ese contexto, habría sido contactado por una de las personas investigadas, quien lo derivó a otro empleado. Ambos le habrían solicitado dinero a cambio de entregarle un certificado de discapacidad, asegurándole que ese documento era necesario para acceder a la cobertura de la intervención.
Sin embargo, al presentar el certificado para avanzar con la autorización médica, el afiliado fue informado de que el documento no tenía validez legal, lo que permitió detectar la presunta maniobra fraudulenta.
En otro episodio, una persona que también tramitaba una prótesis y una intervención quirúrgica denunció que, tras consultar por su expediente, un empleado le indicó que podía obtener cobertura total mediante la gestión de un CUD. Para ello, le facilitó un número telefónico. Luego de enviar imágenes del diagnóstico y la historia clínica, fue citado en un bar de calle Italia, donde le habrían entregado un certificado apócrifo tras el pago de dinero.
Satisfacción en el organismo
Desde el Instituto de Previsión y Seguridad Social manifestaron su conformidad con el avance de la investigación y destacaron la rapidez de la respuesta judicial.
“A partir de que hicimos la denuncia inmediatamente recibimos respuesta por parte de la Fiscalía. Verdaderamente quedé impresionada por la rapidez con la que se manejaron, lo cual es importantísimo para nosotros”, señaló Lucía Rodríguez Martín.
La funcionaria también remarcó que el procedimiento se desarrolló de manera ordenada y con respeto a las garantías legales. “Se trató de un operativo correcto, con firmeza, y nos sentimos respaldados”, agregó.
Además, indicaron que durante el operativo se contó con la colaboración de las áreas de Asesoría Letrada y Recursos Humanos del organismo, que aportaron documentación relevante para la causa.
La investigación continúa en curso mientras se analizan los elementos secuestrados y se avanza en la recolección de pruebas para determinar el alcance de la maniobra y las posibles responsabilidades penales de los implicados.
