A casi 20 años de la desaparición y el crimen de Paulina Lebbos, la decisión de la Sala III de la Cámara Conclusional, convalidada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, abrió una nueva etapa en la investigación sobre Juan Pedro Jiménez y sus hijos, Jorge Hernán y Juan Marcelo. Sin embargo, los tres no se encuentran en la misma situación procesal: solo Jorge Jiménez podría afrontar una eventual imputación penal, si la fiscalía reúne pruebas suficientes y confirma que la acción no está prescripta.
La diferencia se vincula con los antecedentes judiciales de Jorge. Durante el juicio de 2018, en el que fueron condenados integrantes de la cúpula policial vinculada al alperovichismo, declaró como testigo sobre su relación con Paulina y César Soto. Sus contradicciones derivaron en una detención por falso testimonio. Años después, mediante un juicio abreviado, reconoció haber mentido y recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional. Ese antecedente es central para analizar el cómputo de la prescripción, aunque su eventual responsabilidad en el crimen deberá determinarse a partir de nuevas pruebas.
Los indicios que vuelven a poner bajo la lupa a la familia
La investigación reúne elementos biológicos, testimoniales y vinculados con posibles comunicaciones de hostigamiento. Los informes periciales N.º 3127 y N.º 3149, firmados por la bioquímica Lilia Moyano, señalaron que un cabello encontrado en la mano derecha de Paulina y otro rastro hallado en su remera presentaban características morfológicas y microscópicas coincidentes con las muestras de referencia de Jorge Jiménez. Según la información difundida, las muestras se deterioraron con el tiempo y actualmente no sería posible realizar estudios más detallados.
A esos elementos se suman las declaraciones de familiares de la víctima, quienes denunciaron presuntos episodios de acoso mediante llamados e invitaciones insistentes. También se mencionaron informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que registraron comunicaciones no contestadas desde el teléfono de Juan Pedro Jiménez hacia la línea de Paulina durante la víspera de su desaparición. Estos antecedentes deberán ser evaluados por la fiscalía en el marco de la investigación.
Otro punto bajo análisis es la disponibilidad de vehículos en el entorno de los Jiménez. Juan Marcelo declaró que en aquella época conducía un Renault 9 rojo con el que trasladaba pasajeros a cambio de dinero. Las características del rodado fueron vinculadas con el vehículo en el que Paulina y Virginia Mercado habrían viajado al salir del boliche aquella noche. Por su parte, Juan Pedro trabajaba como camionero de larga distancia y estacionaba un camión Scania frente al edificio de calle Estados Unidos. Durante un allanamiento se secuestraron sábanas y una colcha, pero, de acuerdo con la información publicada, no se habrían realizado las pericias correspondientes.
Durante el debate oral de este año, Jorge Jiménez rechazó las acusaciones de hostigamiento y sostuvo que Paulina y César Soto lo habían elegido como padrino de su hija. Juan Pedro, en tanto, admitió que pudo haber llamado a la joven y justificó esos contactos al declarar ante el tribunal. Ambos testimonios forman parte de los elementos que ahora deberán ser examinados.
La prescripción y el objetivo de reconstruir la verdad
La situación de Juan Pedro y Juan Marcelo sería distinta. De acuerdo con el análisis judicial, al no haber sido imputados formalmente por el crimen durante estas dos décadas y no registrarse actos que interrumpieran el curso de la prescripción, la posibilidad de perseguirlos penalmente estaría extinguida. Esto no impide, sin embargo, que se investiguen los hechos para reconstruir lo sucedido.
El trasfondo de la nueva medida es la absolución de César Soto, quien había sido acusado por el homicidio. En ese contexto, los jueces remarcaron la necesidad de profundizar las líneas investigativas pendientes y avanzar hacia una reconstrucción de la verdad material, aun cuando el tiempo transcurrido limite las consecuencias penales para algunas personas.
La fiscalía que reciba el expediente deberá evaluar los indicios, revisar las actuaciones anteriores y determinar si existen elementos suficientes para avanzar contra Jorge Jiménez. La coincidencia pericial señalada en los informes y los demás antecedentes deberán ser analizados en conjunto, sin que por sí solos permitan establecer responsabilidad penal.
A casi dos décadas de la desaparición de Paulina, cuyo cuerpo fue encontrado al costado de la ruta 341, la causa vuelve a poner en discusión los límites de la investigación judicial y los efectos de la prescripción. El desafío será establecer qué ocurrió y quién fue responsable del crimen, dentro de las posibilidades que permite el proceso penal.
