Cuatro policías y un civil fueron condenados por secuestrar a un joven de 28 años, mantenerlo cautivo en una dependencia policial y exigirle a su madre $240.000 para liberarlo. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Tucumán consideró acreditada la responsabilidad de los cinco acusados en el hecho, ocurrido en febrero de 2024, que comenzó con una supuesta compra de marihuana en el barrio privado El Portal del Parque.
Los condenados son el comisario Gustavo Ezequiel Morales, el oficial principal Ángel Sebastián Gómez, el cabo primero Sergio Daniel Díaz, el agente Franco Javier Jiménez y el civil Facundo Nahuel Amaya. Los jueces Pablo Toledo, Liliana Snopek y Ángel Luna Roldán impusieron penas de 10 años y seis meses de prisión a los cuatro policías y 10 años a Amaya. El delito fue considerado secuestro extorsivo agravado por el cobro del rescate, la participación de tres o más personas y la intervención de funcionarios policiales.
Una falsa compra de marihuana y un secuestro en una comisaría
La maniobra comenzó la noche del 23 de febrero de 2024, a través de un grupo de Telegram llamado “Flores Tucumán” y mensajes de WhatsApp. Amaya, quien se presentó con el nombre de “Rafael”, contactó al joven con la excusa de comprarle 20 gramos de flores de cannabis por $30.000.
Cerca de las 22, los involucrados llegaron a la vivienda de la víctima, ubicada en Silvano Bores al 300, dentro del barrio privado El Portal del Parque. Amaya le entregó $20.000 y lo convenció de acercarse a un Renault Megane gris, propiedad de Díaz, para buscar los $10.000 restantes. Cuando el joven se aproximó al vehículo, fue reducido por policías armados y obligado a subir. Durante el traslado hacia la Jefatura de Zona III de la Unidad Regional Capital, en el barrio San Cayetano, uno de los captores lo golpeó.
Una vez dentro de la dependencia, la víctima fue llevada a un comedor ubicado en el fondo del edificio, donde continuaron las agresiones físicas y psicológicas. Según se acreditó en la causa, también la obligaron a desnudarse y le tomaron fotografías. El procedimiento no quedó asentado en los libros de guardia y no existía una orden judicial ni una investigación fiscal que justificara la intervención policial.
El rescate y las pruebas que permitieron reconstruir el hecho
Mientras el joven permanecía cautivo, algunos de los acusados regresaron al barrio privado y consiguieron el teléfono de un familiar. Luego contactaron a la madre de la víctima y le dijeron que tenían pruebas que podían vincular a su hijo con el tráfico de estupefacientes. A cambio de evitarle una causa penal y liberarlo, exigieron entre $200.000 y $250.000.
La mujer se presentó en la dependencia, comprobó que su hijo estaba retenido y negoció con los secuestradores. Después de reunir el dinero, regresó cerca de las 2 del 24 de febrero y pagó $240.000 para recuperar al joven.
La investigación reunió testimonios de las víctimas, la declaración de un policía de guardia que advirtió el ingreso irregular del muchacho, peritajes de teléfonos celulares e imágenes de cámaras de seguridad. La causa fue investigada inicialmente por el fiscal federal Agustín Chit y el juez federal José Manuel Díaz Vélez. Posteriormente, el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal identificó al comisario Morales y lo detuvo tras un allanamiento en el Barrio Policial IV, donde se secuestraron armas, municiones, agendas y dispositivos digitales.
Las condenas y las indemnizaciones
Durante el juicio, el fiscal general Pablo Camuña y el auxiliar fiscal Daniel Weisemberg sostuvieron que Díaz, Gómez y Jiménez tuvieron un papel central en la ejecución del secuestro; que Amaya participó en el engaño y que Morales permitió utilizar la dependencia policial para mantener cautiva a la víctima. La Fiscalía había solicitado penas de hasta 15 años de prisión.
El tribunal consideró a Morales partícipe necesario y a Gómez, Díaz y Jiménez coautores. En el caso de Amaya, resolvió que debía responder también como coautor, en lugar de ser considerado partícipe secundario, como había solicitado la acusación. Además, los cuatro policías recibieron 10 años de inhabilitación especial para ejercer cargos policiales. El fallo ordenó mantener las prisiones preventivas y decomisar el Renault Megane utilizado en el hecho.
Por último, los jueces hicieron lugar a la demanda civil presentada por la Defensoría de Víctimas y condenaron solidariamente a los cinco acusados y a la Provincia de Tucumán a pagar $2 millones al joven y $1,5 millones a su madre por daño moral, más los intereses correspondientes.
